Nuevo ardid de Sánchez para imponer el olvido
La legislación que descuenta condenas a 44 presos de ETA retrata un país sujeto al ventajismo partidario donde ya se descuida hasta la más mínima comprobación
Publicado el 08/10/2024 a las 05:00
La trasposición de la normativa europea de intercambio de información de antecedentes y resoluciones penales condujo al Congreso a aprobar por unanimidad, el pasado 18 de septiembre, dos cambios legales que permitirán a los etarras presos descontarse sus años de reclusión en Francia y otros países de la UE.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo estima que por esa vía serán rebajadas las condenas de 44 miembros de la banda, cuya excarcelación se verá así acelerada.
El Gobierno, que llevó la iniciativa al Congreso, era perfectamente consciente del alcance de su proyecto, que satisface una antigua reivindicación de su fiel aliado EH Bildu, que es de suponer forma parte de acuerdos secretos alcanzados para la investidura y la legislatura, y demuestra una vez más la flexibilidad de los límites de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.
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Es cierto que todo se gestó en una maniobra del Ejecutivo para colar de rondón el cambio sin anticipar sus consecuencias a la opinión pública. Incluso que en el ardid existe alevosía al enterrar en verborrea jurídica y sin mención alguna a ETA lo que hace ahora dos años el Gobierno del PSOE negó explícitamente que fuera a hacer cuando saltaron las primeras alarmas.
Sin embargo, el voto favorable a la medida, sin ser conscientes de su letra pequeña, de PP, Vox y UPN evidencia una falta de celo en su labor de oposición por mucho que ahora anuncien vías para tratar de revertir la decisión de la que fueron partícipes.
Llegados a este momento, los 129 etarras aún encarcelados son una carga de la que Bildu necesita deshacerse cuanto antes para completar su blanqueamiento. Y qué mejor si se europeíza la operación para homologar a los de Otegi como la corriente más pragmática de las izquierdas alternativas.
La trasposición de la directiva europea debió ser tramitada mediante un debate franco y sostenible jurídicamente, sin ocultaciones ni descuidos injustificables. Pero la foto final retrata a una España oficial sometida al ventajismo partidario y a las dobleces de la polarización donde la búsqueda de réditos hace descuidar hasta la más mínima comprobación.
