Al final se llegó al acuerdo, y el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró elegir a su presidenta en la persona de Isabel Perelló Domenech, magistrada del Tribunal Supremo (TS) donde se desempeñaba en la sala tercera, y donde ha dado prueba de su saber hacer y de su buen criterio; en definitiva, de su independencia. Se espera que la nueva presidenta, cuyos retos a nadie se le ocultan, logré imprimir un nuevo carácter a su cargo, marcado por la independencia frente a otros poderes del Estado, y por la normalidad en el ejercicio de sus funciones. Su tarea será también la de saber romper esos dos bloques (10 conservadores frente a 10 progresistas) que hasta su elección han actuado como disciplinados grupos parlamentarios.

Existía mucha expectación en su discurso de apertura del año judicial, que no ha defraudado con su defensa de la independencia judicial. Ningún poder del Estado -ha expresado- “puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados”. Se ha puesto mucho énfasis en que la sra. Perelló es la primera mujer que preside el TS y el CGPJ, lo que siendo importante no deja ya de ser un lugar común en la presidencia de altas instituciones del Estado y de muchas CC.AA, vb gr, como las cámaras parlamentarias, el TC, la Fiscalía General del Estado y tantas otras instituciones han sido dirigidas por mujeres competentes en su materia. Falta eso sí, que el Gobierno de la Nación sea presidido por una mujer.

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Es cierto, sin embargo, que el poder judicial reclamaba, dado el número tan elevado de jueces y magistrados del género femenino (en torno al 60% del escalafón, ampliado en las últimas promociones a cerca del 75%) como por su competencia profesional, su reflejo en la cúpula judicial, como ha puesto de manifiesto el complejo proceso de elección de su presidenta (6 magistradas frente a 1 magistrado), que los vocales deberán mejorar.

Isabel Perelló, actual presidenta de la Asociación de letrados del TC, donde se desempeñó durante diez años como letrada, es no solo una jurista competente como acreditan sus méritos, sino una magistrada de carrera que hizo su cursus honorum especializándose en la escala de lo contencioso-administrativo y que ha recorrido todas las instancias judiciales hasta llegar al Supremo. Tiene formación constitucional y virtudes muy judiciales como son las de la prudencia, discreción y neutralidad.

Sin embargo, todo sabemos que un cargo de su importancia no siempre está en relación con su preparación previa. Es condición necesaria, pero no suficiente, pues en la cúpula judicial juegan otros factores, como es el de saber dirigir y coordinar un colegio de vocales de distintas sensibilidades y, sobre todo, saber resistir las presiones de todo signo: gobierno, partidos, asociaciones judiciales, opinión pública, medios periodísticos, etc... Y lo más importante, saber liderar (leadership), a poder ser con auctoritas.

Algunos se preguntarán cómo los vocales de tendencia conservadora han podido apoyar a una magistrada, miembro de la minoritaria Asociación de Jueces para la democracia, y la respuesta seguramente hay que encontrarla en su talante independiente y trabajo desarrollado en la citada sala tercera del Tribunal Supremo.

Grandes temas requerirán de su talante. El principal, la renovación de la cúpula judicial pendiente, en especial del Tribunal Supremo, TTSSJJ y audiencias provinciales, marcado por un proceso selectivo que la reforma de la LOPJ ha situado en torno a la Comisión de calificación, donde se busquen perfiles profesionales y no de otros méritos ajenos al mundo del Derecho. También el saber consensuar un modelo de elección de los magistrados de origen judicial con arreglo al criterio establecido en el articulo 122.3 de la CE, mediante su elevación a las Cortes Generales.

En definitiva, este Consejo General del Poder Judicial, que tiene un carácter de transición, debe recuperar su carácter de órgano constitucional (Art. 59.1 c) de la LOTC) y no de simple órgano dependiente del Gobierno como lo situó la STC 128/2023, y acreditar que actúa impelido por afán de independencia frente a los demás poderes del estado. Y que busca mediante el diálogo y el acuerdo, mejorar la Justicia de nuestro país y defender la independencia de los jueces y magistrados o magistradas en momentos de dificultad. Como diría José Varela Ortega de frenar, en definitiva, la invasión del ejecutivo.

Manuel Pulido Quecedo. Abogado. Doctor en Derecho