La reubicación de personas migrantes es una cuestión que genera debates agitados en los que difícilmente transige ninguna de las partes. Ni contemplan alternativa moral quienes exigen humanidad ni quienes rechazan la acogida renuncian a su soberanía sobre las fronteras.

A nivel europeo, al aprobarse recientemente los archivos finales del Nuevo Pacto de Migración y Asilo, se dio respuesta al histórico dilema entre imponer solidaridad o emplear únicamente el altruismo de los países que desean colaborar en la gestión de la llegada de migrantes a la Unión.

La dicotomía deriva de que, en virtud de las llamadas ‘normas de Dublín’, la responsabilidad para procesar las solicitudes de asilo de quienes llegan de un país tercero recae en el primer país de entrada, salvo que la persona solicitante tenga algún familiar con residencia regular en otro Estado miembro. En consecuencia, los estados mediterráneos fronterizos son responsables de la mayoría de solicitudes de asilo. Esta sobrecarga ha querido abordarse mediante el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, el cual busca garantizar la asunción por todos los Estados miembros de su parte de responsabilidad, sin dejar a ninguno solo frente a presiones desproporcionadas.

En ese nuevo marco, además de añadirse un nuevo criterio de responsabilidad -la posesión de un título expedido recientemente por otro Estado miembro-, se ha establecido un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible. Cada año, la Comisión Europea evaluará la situación de las rutas migratorias hacia la Unión, identificará los Estados que se encuentren en situación de presión migratoria o en riesgo de estarlo, y propondrá al Consejo el fondo anual de solidaridad necesario para hacerle frente eficaz y equilibradamente, así como la “contribución justa” de cada Estado miembro, conforme a su PIB y población.

En consecuencia, todo Estado miembro estará obligado a contribuir pero podrá elegir el tipo de solidaridad a aportar, ya sea la acogida de solicitantes de asilo, la aportación de contribuciones financieras para proyectos de ayuda en terceros países, o mediante medidas alternativas de asistencia operativa, como el apoyo en personal o en especie.

Aunque deberá reubicarse anualmente un mínimo de 30.000 personas procedentes de los países bajo presión, los que no deseen aceptar reubicaciones deberán aportar 20.000 euros por persona rechazada, a abonarse directamente o mediante las mencionadas medidas de apoyo financiero o práctico.

Este mecanismo de solidaridad intra-UE no debe confundirse con el reasentamiento, un esquema similar dirigido a terceros países presionados por grandes desplazamientos en su región. En España, desde 2017 se suceden Programas Anuales Nacionales de Reasentamiento de Refugiados, financiados mayormente por el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, y mediante los cuales se acogen anualmente hasta 1.200 personas provenientes de las regiones en que ACNUR identifica necesidades globales de reasentamiento, seleccionadas según su capacidad de integración y los recursos de acogida e integración disponibles. Sobre este concepto se aprobó también recientemente el Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión, el cual facilita un procedimiento armonizado en sustitución de los programas ad hoc existentes.

En clave nacional ha surgido recientemente un debate similar sobre la distribución equitativa de personas migrantes para evitar la sobrecarga de los servicios en los territorios de llegada. Aunque la conversación ha surgido de manera puntual al deber las Comunidades Autónomas responder a la propuesta del gobierno central de reubicar 347 menores migrantes desde Canarias y Ceuta, se enmarca en un dilema más amplio sobre una posible reforma de la Ley de Extranjería que haga forzosa la reubicación de menores migrantes de territorios cuyas capacidades se vean superadas.

Toca, de nuevo, tomar una decisión importante: ¿Qué modelo de solidaridad diseñar para aliviar la presión en nuestros territorios de primera llegada? ¿Reubicaciones forzosas? ¿Concedemos la opción de las compensaciones económicas a las Comunidades Autónomas que no lo deseen, o que no cuenten con la infraestructura necesaria?

Es cierto que los mecanismos europeos están lejos de ser perfectos. Aunque el Reglamento de Reasentamiento contó con gran aceptación el en Parlamento Europeo (452 votos a favor, 154 en contra y 14 abstenciones, de 620 votos emitidos), el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración es criticado por quedarse corto al abordar las necesidades de solidaridad, por lo que fue aprobado con el rechazo de casi la totalidad de los grupos de izquierda, obteniendo 322 votos a favor, 266 en contra (Los Verdes y La Izquierda casi al completo, la gran diferencia) y 31 abstenciones.

Sin embargo, estas experiencias muestran opciones a la hora de encontrar una solución aceptable para todas las partes. Tras haber diseñado y aprobado mecanismos aplicables a la situación de los Estados miembros de la UE con frontera externa y de terceros países con los mismos problemas, es vital cumplir asimismo dentro de casa y alcanzar una solución interna entre nuestras comunidades y ciudades autónomas.

Inés Satué tiene un máster en Derecho de la UE por la Universidad de Maastricht y es socia de Equipo Europa