En una legislatura en el alambre desde su nacimiento y con una producción normativa bajo mínimos -ni siquiera han sido aprobados unos Presupuestos-, la ley de paridad es, junto a la de amnistía, una de las cinco que han salido de las Cortes. 

La regulación, apoyada sólo por la ajustada mayoría que suman Gobierno y socios, pretende avanzar hacia la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para lo que, entre otras cuestiones, establece una presencia femenina mínima del 40% en los órganos de decisión de las instituciones y grandes empresas. 

Sin embargo, ese mínimo no se aplica a los hombres, por lo que podrán darse casos de 100% de mujeres en esos cargos. Curiosa paridad. 

Ahora se conoce otro error, uno que causa estupor por un escandaloso descuido en la redacción del texto, no advertido hasta después de su publicación en el BOE, y que puede tener graves efectos indeseables. No en vano, acaba con la protección ante este despidos de trabajadores que se acojan al permiso de cinco días para el cuidado de familiares o que soliciten una adaptación de jornada por conciliación. 

Semejante chapuza es consecuencia de una disposición sobre las víctimas de violencia de género incluida en un Estatuto de los Trabajadores sin actualizar que elimina de hecho la protección en esa materia de los empleados. 

El Ministerio de Igualdad ha prometido corregir tal dislate, algo que en ningún caso ocurrirá antes de que el próximo jueves entre en vigor el articulado. 

Ni los altos cargos ni los servicios jurídicos de ese departamento detectaron a tiempo el error. Tampoco lo hicieron Trabajo ni el resto de un Gobierno con cientos de asesores antes de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley.

 La responsabilidad se extiende a todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición, que en la tramitación y debate de una iniciativa que están obligados a estudiar a fondo y a la que presentaron numerosas enmiendas no descubrieron ese disparate. Sólo así se explica su estruendoso silencio. 

Que este ridículo afecte a una cuestión tan sensible como la conciliación le otorga un especial relieve y le añade gravedad. Más aún cuando vuelve a llover sobre mojado en un ministerio que ya patinó con estruendo al legislar en la tristemente famosa ley del ‘Sólo sí es sí’, de la que ya se han beneficiado rebajando sus condenas cerca de 1.500 condenados por delitos sexuales. Injustificable.