La decisión de Begoña Gómez de no declarar en el Juzgado que prosigue investigándola por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios forma parte de los derechos que le asisten. Sin que su silencio deba interpretarse, ni en el ámbito judicial ni fuera de él, como factor que debilita la presunción de inocencia de una persona o, por el contrario, la presente como víctima. Pero lo que no obedece a ninguna razón jurídica, política e institucional es que ministros del Gobierno Sánchez se prodigaran ayer explicando la negativa de Gómez a declarar como respuesta lógica a “una persecución indudable, injustificada, inhumana y cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia”, según nada menos que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Fue el preludio a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera entender “la decisión de Begoña de no prestarse a esta situación”, con “una causa abierta en la que no hay pruebas indiciarias que incriminen a una persona". A que la de Defensa, Margarita Robles, magistrada y exvocal del CGPJ, manifestara que “se quiere hacer una investigación genérica” por el hecho de que la acusada es “la mujer del presidente del Gobierno”. Y a que, además de la ministra de Ciencia, Jordi Hereu, de Industria y Turismo, proclamara que la aludida hacía bien en no testificar ante una instrucción “basada en pruebas falsas”. Hay motivos para dudar de que las actuaciones atribuidas a la investigada lleguen a representar ilícitos penales. Pero las ministras y ministros de Sánchez no pueden extralimitarse en su solidaridad hasta entrar en colisión con la división de poderes. En ningún caso en términos que desborden los argumentos de su abogado. Y cuando además, al tiempo que se cuestiona la magnitud penal de los indicios que han trascendido, se suceden las noticias sobre supuestas anomalías o irregularidades en la trayectoria profesional trazada por Begoña Gómez desde que vive en la Moncloa.