Desde hace años, pero con mayor intensidad en los últimos días, asistimos con perplejidad al penúltimo capítulo relacionado con la crisis de la renovación de los miembros del CGPJ. 

Como es conocido, en 2018 debía haberse renovado al haber caducado su mandato de cinco años y desde entonces, con mayor o menor virulencia, se ha estado atacando de forma sistemática a sus miembros a los que se ha llegado a calificar -entre otros adjetivos más groseros- de okupas y prevaricadores, por permanecer en sus cargos.

 Obviando algo tan elemental -para cualquier lector- que la responsabilidad de dicha encomienda recae sobre el congreso de los diputados y el senado y no sobre los vocales de la institución.

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El art. 122 de la Constitución de 1978 dispuso que el CGPJ lo componen 20 miembros: 12 entre jueces y magistrados; 4 a propuesta del congreso y 4 a propuesta del senado; estos últimos, entre abogados y juristas de reconocida competencia y 15 años de ejercicio profesional. Con ello, el gobierno de los jueces tenía un equilibrio entre los jueces y otros juristas a propuesta de los órganos legislativos. 

Todos los partidos políticos han querido siempre el control del poder judicial y fue el PSOE de Felipe González quien al aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (art. 567.2) quien estableció -con el beneplácito del Tribunal Constitucional- que los 20 serían elegidos por las Cortes Generales: 10 por el Congreso y 10 por el Senado. De ellos, 12 tenían que ser jueces y los otros 8 juristas de reconocido prestigio. 

Aquel año, el vicepresidente Alfonso Guerra pronunció la triste frase de “Montesquieu ha muerto”. En efecto, desde la aprobación de la ley en 1985 los 20 vocales del consejo han venido siendo elegidos por las Cortes generales, lo que -al menos en el plano teórico- ha permitido cuestionar seriamente la independencia del poder judicial respecto al poder legislativo. 

Y no afirmo que los vocales no hayan sido independientes, pero sí que desde el plano teórico -y en muchas decisiones desde el práctico- surge esa inevitable sensación. Durante lustros, la elección de los vocales se ha repartido entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) hasta la renovación en 2018.

La legitimación de los jueces para gobernar el tercer poder del estado (tras el legislativo y el ejecutivo) es sumamente compleja. Hay quien sostiene (ahora el PP, pero no antes) que la independencia de los Jueces se garantiza siendo ellos quienes eligen a sus gobernantes (CGPJ).

 Frente a ello se arguye, no sin cierta razón, que los jueces no tienen ninguna legitimidad democrática ya que lo único que han hecho -y que no es poco- es aprobar una oposición. Pero igual que los notarios, abogados del estado, inspectores fiscales, etc. 

Es la tesis, con matices, del PSOE desde Felipe González: el CGPJ tiene que ser nombrado por las cortes generales, donde reside la soberanía popular. Esa es ahora mismo la lucha entre dos corrientes que están bajo la mediación de la Unión Europea.

 He de reconocer que no tengo una opinión formada al respecto y que las dos tesis me parecen legítimas y defendibles. Y que lo ideal sería encontrar una tercera vía: por ejemplo, 10 elegidos por jueces y 10 elegidos por las cortes. Y que lleguen a acuerdos.

Entiendo, sin embargo, que no es admisible el sistemático ataque que se está produciendo desde el Gobierno y muchos medios afines contra los miembros del CGPJ.

 Como decía al comienzo, la responsabilidad de nombrar a los nuevos vocales recae exclusivamente en las Cortes generales: son los 350 diputados del congreso y los 266 senadores quienes deben proceder a su nombramiento.

¿Y que hacemos con los 350 diputados y 266 senadores que llevan cinco años incumpliendo sistemáticamente con la ley? Mi propuesta en sencilla: reformar la ley del poder judicial. Si en el plazo de tres meses desde que finaliza el plazo para el nombramiento de los vocales, los diputados y senadores han sido incapaces de cumplir con la ley que les obliga a hacer esos nombramientos, se disuelven las Cortes y se convocan las elecciones. Con una consecuencia. Ni uno solo de los 350 diputados ó 266 senadores podrá presentarse a las siguientes elecciones. 

Es cierto que se pueden perder políticos de gran talla. Pero no hay que olvidar que se trata de un servicio público: es un derecho de los ciudadanos de servir, pero sobre todo un deber y si no han sido capaces de llegar a un acuerdo en la renovación vuelven a su trabajo. 

Y la misma propuesta hago para el caso en que tras unas elecciones los diputados son incapaces de llegar a un acuerdo para elegir a un presidente: se convocan elecciones como hasta ahora, pero con el añadido de la sanción de inhabilitación para ejercer como congresistas y senadores en las siguientes elecciones. 

No hay que olvidar, que la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos y convocar unas nuevas elecciones (parece el escenario con el que se juega ahora en Cataluña) nos cuestan a todos decenas de millones de euros. 

No tengo ninguna duda -dado el apego de muchos por su asiento en el congreso o el senado- que si se estableciera legalmente esa sanción de inhabilitación, en dos semanas tendríamos al CGPJ y nunca más se disolverían las cortes por la incapacidad de llegar a un acuerdo para el nombramiento de un Presidente.

En definitiva, es inadmisible que, durante casi seis años, los diputados y senadores hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo y se culpe de ello a los miembros del consejo general del poder judicial. Y, además, que eso les salga gratis.

Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche es abogado y Profesor de Derecho penal en la Universidad de Navarra