Ha sido la semana de la aprobación definitiva de la amnistía. Por muy descontada que esté, sigue siendo la ley más divisiva de nuestro país en décadas. Una ley que no está hecha para reconciliar (de hecho, se hace contra media España) sino para pagar los votos necesarios de la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una ley que levanta la moral de los independentismos y, por contra, genera rechazo e indignación entre el resto. 

Tan es así que sus promotores hablan ya abiertamente de su próximo paso; un referéndum en Cataluña, cuando, oh paradoja, el independentismo ha perdido la mayoría política allí en los últimos comicios.

Y una ley que entra ahora en el laberinto de su aplicación práctica. Está en manos de los jueces, tal como establece la separación de poderes en democracia, y gran parte del poder judicial la ve con recelo al entender que la amnistía sólo encaja en nuestro Derecho gracias a los martillazos del interés político. Así que queda todavía mucho partido por jugar, en nuestro país y en las instituciones judiciales europeas.

Celebrar una victoria. El independentismo catalán (Junts y ERC) festejó como una fiesta la ajustada aprobación en el Congreso de la ley de amnistía para los encausados por el procés. Más que como una fiesta, como una victoria. Y bien celebrado está. Es una victoria de los que querían marcharse de España por la fuerza y sin respeto ninguno por la Constitución y las leyes. De hecho, la de la amnistía pretende dejar sin responsabilidad ninguna a unas 400 personas acusadas de colaborar activamente en este proceso de independencia unilateral.

Si será sangrante este perdón a la carta e interesado que hasta el líder socialista Emiliano García Page, presidente del Gobierno de Castilla y León va a llevarlo ante el Constitucional, igual que ya han anunciado que lo van a hacer distintas comunidades gobernadas por el PP porque consideran que atenta contra el principio de igualdad de los ciudadanos.

Esta brecha interna en el PSOE es más relevante si cabe en un partido que es hoy cuasi-monolítico bajo el hiperliderazgo de Sánchez. Esta posición crítica, por supuesto, no la comparten los otros dos presidentes de comunidades del PSOE, el asturiano Adrián Barbón y la navarra María Chivite, que están alineados, en cambio, con la dirección oficial del partido.

Puigdemont sigue mandando. Que seguimos chapoteando en un pantanoso terreno político con la gestión de la ley de amnistía lo dicen los hechos. El expresidente prófugo Carles Puigdemont es la principal baza política del independentismo en esta ley. Y ni él mismo tiene claro si va a estar pronto en Cataluña y cómo, porque una cosa es aprobar jurídicamente el texto y otra la aplicación práctica. De momento, los fiscales del Supremo ya señalan sus reparos. Y luego vendrán jueces y magistrados, que tendrán que defenderse además de una nueva ronda de presiones políticas.

La legislatura sigue en manos, igual que el primer día, de Puigdemont y sus deseos. O de sus volubles caprichos políticos. Ayer, la amnistía. Mañana, el referéndum de secesión tal como anunciaron con voz clara en el Congreso. Y hoy, además, la presidencia de la Generalitat. Sus portavoces han vuelto a amenazar con dejar de apoyar a Sánchez si no facilita que Puigdemont vuelva a la presidencia de la Generalitat a pesar de que quien ganó las elecciones fue el socialista Salvador Illa.

Es difícil que cumplan esta amenaza porque para Junts tener a Pedro Sánchez al frente del Gobierno es una bicoca. Y Sánchez, esta vez, no parece dispuesto a humillar a su partido y dejar caer a Illa. Pero claro, el ex-president es de todo menos previsible. Así que Sánchez tiene ahora mismo un factor más de inestabilidad sobre la mesa. Esta legislatura sigue sin arrancar y, de nuevo, sin descartar elecciones anticipadas en el otoño si el Congreso se vuelve todavía más ingobernable de lo que ya lo es con un bloque de apoyo al Gobierno cada vez más enfrentado entre sí.

Tensión entre UPN y PP. De momento, la cita más cercana en este tenso panorama son las elecciones europeas. Aunque debieran tener un perfil propio, las europeas vuelven a ser una reválida de las nacionales del pasado mes de julio y un pulso, mano a mano, de los dos principales partidos.

En Navarra, la amnistía no ha generado más brecha política que la del conjunto del país. El Gobierno y sus apoyos (30 de 50 parlamentarios) están a favor y la oposición (UPN, PP y Vox), los otros 20, están en contra. Cómoda posición de mayoría política, aunque no es mucho más dudoso que sea una mayoría social. Es evidente que una amplia porción del electorado socialista no apoya esta polémica ley. Pero entre sus dirigentes no hay fisuras aparentes.

Las elecciones europeas donde si abren grietas es en el centro derecha. UPN no concurre a los comicios porque su carácter regional hace imposible que obtenga resultados. Fracasó en su intento de ir junto al PP (por la negativa de Génova) y ha dado libertad de voto a sus militantes (que no a sus votantes, que es obvio que la tienen sin que nadie se lo diga). 

La tensión entre UPN y PP vuelve a ser alta. Más si cabe tras el choque de posiciones de ambos partidos con el cambio del Amejoramiento para asumir las competencias de tráfico, donde ambos retratan sus perfiles. El de UPN, con el foco en Navarra y regionalista. El del PP, en cambio, que juega en clave nacional. Un episodio más de una guerra de guerrillas que a su electorado le gustaría evitarse.