Como era de esperar, el Congreso aprobó este jueves la proposición de ley de amnistía, la más grave claudicación de Pedro Sánchez ante el secesionismo catalán, encabezado por el prófugo Puigdemont, para mantenerse en el poder. La iniciativa, que fue pactada con Junts y ERC, salió adelante con 177 votos a favor del Gobierno y los partidos que lo sostienen, y los 172 en contra de PP, Vox , CC y UPN. Un escenario que, por lo visto y escuchado en el pleno, ahonda más si cabe en la división y la polarización entre los dos grandes bloques del hemiciclo, y que dista muy mucho de encajar en el calificativo de día “histórico”, como lectura en positivo, que le han atribuido las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas. Es más que probable que esta ley que Pedro Sánchez ha negociado ad hoc con los independentistas para eliminar de un plumazo todos los delitos relacionados con el 'procés', le ayude a sostener momentáneamente la legislatura. Pero es más que evidente aún que lo hace a costa de tensionar al máximo las costuras del Estado de derecho, erosionando a las instituciones y ninguneando a todos los que actuaron en buena lid en defensa de la democracia y contra un referéndum ilegal. Si ya resulta inaudito que no fuera el propio presidente Sánchez el encargado de la defensa de la ley ayer en el Congreso, más lo es que volviera a manifestarse a través de la red social X asegurando que “la convivencia se abre camino”. Para todos los poderes del Estado y los ciudadanos que han venido construyendo la democracia que hoy alumbra nuestro país, es insultante que los independentistas de Junts y ERC se felicitasen ayer por la “victoria” y “la derrota del régimen del 78”. Poniendo en entredicho una vez más que en España existe una democracia plena y garantista. Una vez publicada en el BOE, serán los jueces los encargados de aplicar la ley de amnistía. Unos jueces sobre los que los independentistas, crecidos e insaciables, sigue poniendo su dedo acusador. Si algo ha demostrado precisamente el secesionismo es su desprecio más absoluto por la labor judicial y la separación de poderes, hasta el punto de llegar a acusaciones de 'lawfare' sin rubor alguno. En todo este tiempo desde que se conoció el acuerdo para la ley de amnistía ha quedado acreditado que el poder judicial no está dispuesto a dejarse amedrentar por las presiones políticas interesadas, incluidas las que han llegado más o menos veladamente desde el propio Gobierno. Ayer mismo los fiscales del 'procés' comunicaron al Fiscal General del Estado que la malversación que se imputa a Puigdemont no es amnistiable. Ese es el camino que comienza ahora, ver cómo transita la norma en su recorrido judicial, tanto en España con la más que probable consulta de los jueces acudiendo al Constitucional, como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de los recursos de inconstitucionalidad que ya han anunciado algunas comunidades gobernadas por el PP. Por si la amnistía de la vergüenza aprobada ayer no fuera suficiente, desde ERC ya advierten: “Siguiente parada: referéndum”. Muy mal augurio para el futuro de la legislatura y la estabilidad del país.