Explicaba Ortega y Gasset en su libro España invertebrada que nuestro país sufrió desde 1580 un proceso de desintegración lento pero constante. Tras la pérdida paulatina de la gran mayoría de territorios ultramarinos hasta 1900, el “cuerpo español” volvió entonces “a su nativa desnudez peninsular” y comenzaron a surgir con fuerza los nacionalismos y separatismos internos.

 Pese a que tuvimos momentos posteriores de extraordinaria lucidez y desarrollo, como la Transición y las décadas siguientes, la España de 2024 se parece -de nuevo- más a esa nación pequeña y encerrada en sí misma que describió el filósofo madrileño en 1921. Un claro síntoma es el actual Gobierno: débil, personalista y dependiente de los nacionalismos.

 Sumergido en constantes crisis diplomáticas y ataques al Estado de Derecho, la única ley relevante que ha conseguido aprobar en el Congreso tras más de seis meses gobernando ha sido la de amnistía, siendo incapaz siquiera de comenzar a negociar unos Presupuestos. En esta España ensimismada, el problema central que nos impide progresar como país es la falta de una empresa común que nos exija a todos nuestro mejor esfuerzo.

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En este sentido, la Unión Europea es una de esas raras oportunidades históricas que se nos ofreció para reforzar nuestra posición en el mundo y cambiar esa dinámica de desvertebración y decadencia. A diferencia de otras experiencias históricas como los imperios, el proceso integrador de la Unión no se lleva a cabo mediante la fuerza sino a través de la voluntad de los pueblos de asociarse libremente. Su mayor éxito ha sido asegurar la paz entre los estados europeos durante probablemente el tiempo más largo conocido, debido a que las normas e instituciones han reemplazado al uso de la fuerza como método de resolver nuestros conflictos. Además, este proyecto -todavía en construcción- ha ido desarrollando áreas sociales y políticas alrededor de un mercado único que, con sus luces y sombras, ha favorecido el comercio y la prosperidad entre sus miembros. La cuestión clave es que cedemos el ejercicio de ciertas competencias a la Unión para cogestionarlas junto a otros 26 estados porque, al hacerlo, obtenemos mejores resultados. No obstante, este proyecto de éxito al que numerosos países quieren adherirse se encuentra acechado por las dos versiones de una misma amenaza muy presente en España: el nacionalismo, tanto centrífugo como centrípeto.

Por un lado, el nacionalismo centrífugo (“antiespañol”) pretende desintegrar todavía más el actual estado español -o la nación, en su versión más separatista-. Esta forma de nacionalismo pretende convertir España en una suma de territorios cada vez más desconectados y, por tanto, irrelevantes en la escena global. Áreas como la inmigración, las políticas medioambientales o la lucha contra la evasión fiscal solo pueden resolverse a nivel -por lo menos- europeo. Abogar, por ejemplo, por tener 17 regímenes fiscales cada vez más desiguales entre las Comunidades Autónomas es remar justo en la dirección opuesta a lo que se debe hacer: crear mercados europeos (no sólo para la exportación de productos sino también mercados únicos a nivel fiscal o de capitales) que generen empresas que puedan competir con empresas chinas o estadounidenses en áreas como la inteligencia artificial o la producción de vehículos eléctricos.

Por otro lado, el nacionalismo centrípeto (“españolista”) pretende construir una identidad española aislada de lo europeo. Entiende que la cesión del ejercicio de ciertas competencias a una organización en la que codecidimos junto a otros estados socava nuestra soberanía nacional. Esta forma de nacionalismo ignora, sin embargo, que el objetivo de la Unión es precisamente el de reforzar y perfeccionar esas áreas soberanas, que tiene sentido se regulen a nivel supranacional porque abordan cuestiones que un estado por sí solo no tiene la capacidad suficiente para regular eficazmente. Por ejemplo, España obtiene tratados comerciales con países extraeuropeos muchísimo más ventajosos de los que obtendría de forma individual precisamente porque los negocia la Unión. Y esto tiene un impacto directo en las exportaciones de las empresas navarras. ¿Qué tratados comerciales sería capaz España de negociar por sí sola frente a superpotencias como China o India? Además, el nacionalismo centrípeto ignora que fue precisamente un proceso similar de integración de territorios a la Corona de Castilla el que creó lo que hoy conocemos como nación española y la llevó a su momento de mayor relevancia mundial bajo el reinado de Felipe II. Paradójicamente, esta mentalidad nacionalista hubiera evitado la propia formación de España, de la que tan orgullosa presume sentirse hoy día.

En conclusión, la Unión Europea es una buena plataforma desde la cual, mediante la unión, reforzar nuestras políticas. Sin embargo, el “proyecto sugestivo de vida en común” que subrayaba Ortega como fuerza principal para la integración no viene solo del “estar” juntos, sino del “hacer” algo juntos. Por ello es tan importante proveer de políticos con una visión nacional y europea al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Los partidos nacionalistas, por el contrario, a penas contribuirán en nada al desarrollo de buenas políticas europeas, puesto que representan lo opuesto a la integración, tan necesaria para afrontar los retos globales en un mundo cada vez más hostil e inestable. Ninguna gran empresa de la Historia se realizó bajo una actitud de introversión y hermetismo.

David Garciandía Igal. Doctorando y profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford