En los próximos dos meses, más de veintitrés millones de personas en nuestro país adquirirán la condición obligada de contribuyentes. Serán alrededor de 280.000 declaraciones más que el año pasado: todo un récord que Hacienda, en su voracidad tributaria, engulle para tratar de obtener los ingresos necesarios para justificar unos gastos progresivos cuya necesidad es vista con creciente recelo, no solo por los especialistas, sino por la gente común.

La administración pública no se caracteriza por su transparencia, al margen de la corrupción existente en el país. El nivel de los servicios públicos que se nos promete, para justificar el alto nivel fiscal que padecemos, deja mucho que desear: la sanidad, renqueante como un anciano con varias enfermedades crónicas camino de la UCI, y la educación, en niveles paupérrimos a los que hay que añadir la falta de libertad, son los dos sectores que más inquietan al público en general. Y no digamos el bochornoso espectáculo de estos años, con las citas para las gestiones con la administración pública, que ha llegado a los límites del paroxismo.

El interés que el gobierno –tanto central como autonómico- pone en recaudar con una pléyade de inspectores (no siempre con los modales adecuados), que rastrean como sabuesos los recorridos económicos de todas las personas, empresas y sociedades, no es acorde con el que ponen para resolver los problemas de aquellos a los que gobiernan. Es evidente que hay que pagar impuestos para tantas necesidades que reclamamos a los que rigen nuestros destinos, pero la sociedad necesita ver con sus ojos y comprobar con su mente que se utilizan para resolver problemas y no para que los políticos se entretengan en sus luchas partidistas, en las que predominan las descalificaciones personales y un rastreo impúdico de las debilidades del adversario, cuando debería ser alguien al que se respeta. Triste espectáculo que denota cuando menos una enorme falta de clase humana, que no favorece la imagen de los cargos que se ostentan. El gobierno actual ha batido cualquier récord de voracidad fiscal que pudiera existir hasta ahora. Según el Instituto Juan de Mariana, desde el año 2018 ha creado o incrementado hasta 69 figuras tributarias y las rentas más altas -como si no pagaran impuestos- están sometidas a un verdadero acoso fiscal.

“El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico”, afirma el Instituto de Estudios Económicos. Así el ranking de Competitividad Fiscal sitúa a España en la posición 31 de 38 países.

Triunfar económicamente en nuestro país y sobre todo los empresarios -siempre con esfuerzos inauditos y zozobras constantes- está mal visto. Son objeto de sospechas sobre todo por quienes nunca han creado nada, ni contratado a nadie y no pocos de ellos viven de subvenciones y cargos públicos. Parásitos que se dedican a criticar a los que crean puestos de trabajo, los únicos por los que la economía funciona. En realidad quisieran, incluso algunos del propio gobierno, que pidieran perdón por su insustituible trabajo y creatividad. Es la dichosa envidia de raíces ancestrales. Hay quienes afirman que hay países europeos que tienen una fiscalidad más alta que la nuestra (cierto), pero no tienen en cuenta un concepto que cambia esa mirada unilateral: el “esfuerzo fiscal”, que mide la relación entre presión global y el PIB per cápita. Y este indicador muestra que estamos en un 18 por ciento más que la media europea. El gobierno, en su insaciable apetito, no ha sido capaz ni siquiera de deflactar el impacto de la inflación -que tiene una lógica elemental- castigando a las economías menos protegidas como las pensiones y las subidas de los asalariados. ¿Se llama esto velar por los intereses de la población mayoritaria?

Algunos, y quizá muchos, estarían dispuestos a aceptar de buena gana el pago de los impuestos, incluso algo más, si la eficiencia de los servicios públicos estuviese acorde con lo que se aporta. Que nos expliquen los responsables de Sanidad cómo es posible que en España haya diez millones de personas (el 21 por ciento de la población) que pagan un seguro privado cuando tienen a su disposición la sanidad pública gratis. Hay que pagar los impuestos y cualquier actitud que se oponga a ello es manifiestamente antisocial. Pero tampoco debe extrañar que haya quienes se encuentran desencantados y sin motivación alguna cuando observan a su alrededor un despilfarro descontrolado, un cúmulo de asesores, ministros y ministrables para contentar a una clientela a la que se debe satisfacer, una disparada deuda pública, un creciente número de funcionarios difícilmente sostenible... Son demasiados los que viven injustificadamente a costa de nuestros impuestos y algunos se resisten a que eso suceda con su dinero. Extrañarse de que exista una economía subterránea sin que les remuerda la conciencia a los que la aplican es, cuando menos, una cierta dosis de ingenuidad. Pero, repito: hay que pagar los impuestos.

Francisco Errasti es economista