Esta semana hemos conocido, de boca del consejero Fernando Domínguez, que el Departamento de Salud tiene la intención de empezar a penalizar a aquellos pacientes que no acudan a una cita médica o que cancelen dos, sin justificación.

Es cierto que todos somos corresponsables del buen funcionamiento del sistema sanitario público de nuestra Comunidad foral, lo que incluye a la ciudadanía, pero no es menos cierto que es a la propia Administración, a la primera a la que hay que pedirle que sea ejemplo, de esa responsabilidad. Resulta cuanto menos paradójico que se le advierta al ciudadano de que “perderá su derecho de garantías” si no anula una cita, cuando la propia Administración - es decir, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea- no cumple con el deber que le exige esa misma Ley de garantías. Así, a día de hoy, nada más y nada menos que el 70% de las personas que son citadas para una consulta con el especialista en Navarra, sobrepasan el tiempo máximo establecido en Ley de garantías.

Cabría preguntarse también qué hace la Administración para facilitar que un ciudadano o ciudadana pueda modificar o anular una cita a la que no puede acudir, porque en Navarra, esa gestión pasa inexorablemente por una llamada telefónica - o muchas - o por presentarse directamente en el correspondiente mostrador. Desgraciadamente, no estamos todavía al nivel de otras Comunidades que desde hace tiempo dan la opción de realizar estas gestiones a través de la web, mandando mensajes recordatorios por SMS adjuntando un enlace para poder anular la cita, o incluso habilitando un teléfono de atención 24 horas exclusivo para modificaciones y anulaciones.

En definitiva, hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, por supuesto, pero también a la responsabilidad de nuestros gestores, que nos han llevado a las peores listas de espera de la historia de Navarra y de momento, nadie les ha “penalizado”.

Leticia San Martín Rodríguez, Portavoz de Salud de UPN en el Parlamento de Navarra.