Carles Puigdemont anunció ayer su candidatura a las elecciones autonómicas del 12 de mayo tras reunir a la cúpula de Junts en la localidad francesa de Elna. El expresidente de la Generalitat trató así de conferir una dimensión épica a su decisión. El lugar evocaba la “operación urnas” para la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 porque desde allí el independentismo burló las medidas con las que intentó impedirlo el Gobierno central. Con su escenificación, simuló arrostrar los riesgos que eludió huyendo a Bélgica como si la eventualidad de que acabe detenido antes de serle aplicada la amnistía superase en sacrificio al de los secesionistas que se sometieron al Tribunal Supremo. En su discurso -en realidad, un mitin de precampaña- no solo se jactó de haber forzado a Sánchez a negociar la investidura fuera de España y a cambio de una medida de gracia que había descartado reiteradamente por inconstitucional. Frente a los mensajes del Ejecutivo que la justifican en aras a la convivencia, la enarboló como la antesala de “la culminación de la independencia”; la “prioridad” que, según dijo, le ha empujado a presentarse a las urnas y para la que invitó a ERC a formar un frente común con más retórica que convicción. Puigdemont se enfrenta a dos realidades ineludibles: el Estado de Derecho y el sufragio universal. El alcance de la amnistía, cuyas cláusulas ha ido dictando una por una, está tan en entredicho en cuanto a su aplicación efectiva que le brinda la posibilidad de ser candidato y autoexiliado a la vez. El informe del CGPJ que declara contrario a la Carta Magna el borrado de los delitos se suma a tantas advertencias de expertos que ni el Gobierno puede desdeñar por sospechosas ni el secesionismo soslayar porque no se siente español. El victimismo de Puigdemont constriñe el sufragio universal porque insta a los catalanes a que recuperen su dignidad votándole solo a él como su encarnación más genuina. Pero lo que se augura en esa comunidad es un escenario parlamentario tan imposible como el precedente.