La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió ayer abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y el parlamentario autonómico de ERC Rubén Wagensberg al entender que pudieron participar en la gestación y los planes de Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia por el procés. Los cinco magistrados que la componen acordaron por unanimidad asumir la investigación iniciada en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón al observar indicios de delito. El auto relaciona las actuaciones de la plataforma independentista con la jurisprudencia existente sobre el terrorismo callejero y sitúa al expresidente de la Generalitat como presunto líder absoluto y autor intelectual de actos como la toma del aeropuerto del Prat en octubre de 2019. De las actuaciones del Supremo dependerá la apertura de un juicio o el archivo del sumario. Su decisión de ayer supone un contundente revés para un Ejecutivo conmocionado por el “caso Koldo” al poner en jaque la ley de amnistía -y, con ella, la legislatura- que negocia contrarreloj con Junts, que insiste en blindar a Puigdemont extendiendo la impunidad a todos los delitos de terrorismo. Una fórmula que difícilmente pasaría el filtro del Constitucional y del Tribunal de la UE. Además, al asumir los criterios de la Junta de Fiscales, la Sala propina un varapalo a la Fiscalía del Estado, cuya número dos los tachó de simples “conjeturas” al exculpar al prófugo de la Justicia. El secesionismo respondió con ataques a la independencia judicial que no por repetidos dejan de merecer una respuesta. Puigdemont acusó al Supremo de atender la máxima “no dejes que la realidad estropee una buena imputación”. En palabras de Aragonès, el Alto Tribunal ha cruzado “todos los límites imaginables”. ERC y Junts denunciaron el supuesto deseo de los jueces de interferir en la política. El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes. Si en las algaradas callejeras contra el procés hubo o no terrorismo, solo le corresponde evaluarlo a la Justicia.