Entre los funcionarios técnicos de la mesa de adjudicación cundía la sensación de que el resultado de esta obra millonaria podía estar predeterminado. Obviamente toda percepción como tal, no es un hecho incontestable.

Sin embargo, la preocupación acerca la inquietante veracidad de esta impresión aumenta cuando comprobamos los datos acreditados:

En primer lugar, la existencia de tres informes técnicos (votos particulares) que señalan irregularidades o actos ilegales (arbitrariedad) que vician el proceso de adjudicación.

Es preciso advertir en este punto que tales informes no alertan sobre simples discrepancias, esto es preferencia de una oferta sobre otra, como nos intenta confundir Chivite, minimizando este sospechoso asunto.

No son meras discrepancias porque se trata de advertencias sobre ilegalidad realizadas por todos quienes tienen la finalidad de velar por alejar toda sospecha y todo atisbo de corrupción (los letrados y los interventores).

Los términos “arbitrariedad” (una conducta prohibida por la ley) o “procedimiento viciado” (es decir realizado de forma tramposa que anula la veracidad del resultado) están literalmente expresados en los informes.

Además, en los informes se describe un procedimiento falaz, seguido por el presidente de la mesa, el cual obligaba al resto de miembros a entregarle las puntuaciones de las ofertas para luego ser puntuadas por él variando así el resultado final. Todo ello sin justificar motivación alguna como obliga la ley. Tal cual.

Los informes técnicos señalan también la obstinación del presidente de la Mesa por desoír todos los desmanes legales que se iban produciendo en el curso de la adjudicación. Sospechoso proceder.

El presidente que lleva a cabo toda esta más que cuestionable operativa es alguien respecto de cual el gobierno de Chivite ha forzado la ley para conseguir que estuviese precisamente al frente de esta tumultuosa adjudicación de obras.

Se trata de un caso insólito en la historia de la Administración foral, pues por tres años consecutivos han aprobado una ley específica para impedir su jubilación forzosa a los 70 años tal y como el ordenamiento legal obliga al resto de los empleados públicos del país.

Una vez terminada la adjudicación con todo este rosario de irregularidades, el mismo gobierno que violentó la ley para conseguir que presidiese la adjudicación de obra pública más voluminosa de Navarra (y a la postre determinase el resultado), dice ahora que ya corre prisa prescindir de sus servicios. Misión cumplida.

En el “turno de defensa” de todo este desvarío, el consejero Chivite alega “que ninguna empresa ha recurrido”. Un alegato casi temerario pues es sabido que las empresas no siempre renuncian a recurrir por argumentos legales sino también por condicionantes de otra índole.

Y más claves: alguna de las empresas conformantes de la UTE, apenas reúne experiencia y/o solvencia para aspirar a ser merecedora de obras de esta envergadura y forma parte de un cuando menos “curioso” entramado societario que iremos conociendo.

El consejero responsable de todo este asunto se encuentra inmerso en un procedimiento sancionador emprendido por la Oficina anticorrupción por una supuesta falta grave en su deber de evitar incompatibilidades entre sus intereses empresariales y su responsabilidad pública.

¿Merece la pena prestar toda la atención y seguir profundizando en averiguar todo lo concerniente a estos hechos? Unos hechos que han determinado el destino de 62,8 millones de euros de dinero público.

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. Parlamentario Foral por UPN