Hace unos años, un partido populista de reciente creación puso de moda el término “casta” para referirse a los políticos. Con esa expresión, ciertamente despectiva, aludían a la distancia que separaba a ese colectivo de las necesidades de los ciudadanos. Ejemplos de políticos despreocupados de las inquietudes de los ciudadanos los tenemos bien próximos, como se pone de manifiesto en el acuerdo que el Gobierno de Navarra ha firmado con Bildu sobre los presupuestos generales de Navarra en lo que se refiere a sanidad.

De todos es conocido el delicado momento en que se encuentra nuestro sistema de salud, cuyas listas de espera han batido todos los registros históricos y cuya red de atención primaria ofrece una accesibilidad muy mejorable. Podría esperarse que el acuerdo presupuestario reflejara estos problemas y se arbitraran los recursos y los compromisos necesarios para su solución, o al menos mejora. Es lo que se espera de unos políticos comprometidos con las necesidades de los ciudadanos y que por lo tanto nada tengan que ver con la “casta”. Como la demanda de la lista de espera quirúrgica se origina por la indicación del médico, que se basa en lo que el paciente necesita, parece que la única medida para reducir esa lista es aumentar el número de intervenciones. Este aumento de eficacia puede conseguirse por tres vías, aumentando las que se llevan a cabo durante el horario normal de los hospitales, programando intervenciones en jornada vespertina, compensando a los profesionales por ese trabajo extraordinario, o buscando la colaboración de los centros privados. Las tres medidas precisan aumentar la dotación presupuestaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). La primera, porque crece el consumo de material sanitario, como por ejemplo las prótesis; la segunda, porque además del mayor gasto en material sanitario, se debe compensar a los profesionales; la tercera, porque se precisa pagar a los centros privados por las intervenciones. Pues bien, en el acuerdo presupuestario no se mencionan las listas de espera ni se contempla dotación económica alguna para este problema, que ciertamente es uno de los que más preocupan a los navarros.

Lo que sí parece preocupar a las partes firmantes del acuerdo presupuestario es la disminución anual de un mínimo del 5%, del número de “derivaciones”, irrespetuosa manera de referirse a los pacientes, a la sanidad privada, después de un estudio para analizar los déficits del SNS-O y las posibles soluciones para reducir o eliminar esas “derivaciones”. Resulta que el objetivo no es minorar la lista de espera o mejorar la calidad. El objetivo es reducir las “derivaciones”. Se contrae este compromiso cuando la colaboración con las entidades privadas es imprescindible si se quiere reducir la lista de espera a unos niveles tolerables, que desde luego no son los actuales. Tampoco en el acuerdo se menciona en ningún momento acción ni pacto alguno relacionado con las dificultades de acceso a la red de atención primaria. La única mención se refiere a unos inconcretos dispositivos de distrito que permitan mejorar “su empoderamiento”. La frase del acuerdo es tan confusa que no se sabe a quién se pretende “empoderar”, aunque la palabra dispositivo aparece cuatro veces en ese más que confuso párrafo de los acuerdos, en el que no se distingue sujeto, verbo y predicado. En resumen, no hay lugar en el acuerdo presupuestario para la reducción de listas de espera, más bien al contrario, ni tampoco concreción alguna para la mejora de la atención primaria.

La ministra de sanidad ha hecho unas declaraciones poniendo en duda la calidad de los centros privados, sin mencionar datos y sin citar la fuente que avalaría esas dudas. Es conocida la aversión de la ministra al sistema de protección de las mutualidades de funcionarios del Estado, que les permite elegir todos los años entre recibir la asistencia del sistema público u optar por una de las aseguradoras concertadas. Según las memorias publicadas por las tres mutualidades, el 80% de los funcionarios prefiere las aseguradoras o lo que es lo mismo, solo el 20% se inclina por el sistema público. La ministra de sanidad no es solo la ministra del sistema público de salud, también es la ministra del sector privado y nuestro sistema constitucional, al menos por ahora, protege la existencia de ese sector. Si la ministra antepusiera el interés general al de su partido o al suyo propio, es decir si no formara parte de la “casta”, se preocuparía por mejorar la calidad del sector privado en vez de demonizarlo o quizá debería investigar por qué los funcionarios, incluso una exvicepresidenta del gobierno “de progreso”, escogen el sector privado cuando podrían elegir el público.

Son políticos de la casta, aunque presuman de formar parte de un gobierno progresista.

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud