Si Pedro Sánchez tenía alguna duda de la disposición que tiene Junts a tensar al máximo la legislatura, ayer debieron quedarle despejadas. Los de Puigdemont volvieron a hacer una exhibición de fuerza, sabedores de que el tiempo puede jugar a su favor dado el desgaste que puede suponer para los socialistas esta nueva marcha atrás que sigue manteniendo la amnistía en el foco de la actualidad a escasas fechas de los comicios gallegos. Lo que hace unos días se presumía como un mero trámite, en las últimas horas se fue torciendo con las amenazas de Junts, que ayer terminó por llevar a efecto. La decisión de los socialistas de no ceder en esta ocasión y no admitir las enmiendas con las que Junts pretendía reforzar aún más la coraza para el prófugo Puigdemont, temerosos los de Sánchez ante la respuesta de una Unión Europea muy vigilante, bastó para que los secesionistas optaran por rechazar en elCongreso el texto anteriormente acordado. La norma vuelve ahora a la Comisión de Justicia para que los promotores de la misma vuelvan a negociar. Junts pretende que se amnistíe sin condiciones el terrorismo y la traición al Estado, y blindar de facto la figura de Puigdemont ante los numerosos frentes judiciales que se le presentan en el horizonte. Es la manera que tienen los independentistas de responder a los movimientos de la justicia: estirar la manta de una ley de amnistía que constituye una aberración jurídica desde su inicio y con la que Sánchez decidió claudicar ante el secesionismo para continuar en el poder. Si el acuerdo inicial para la ley de amnistía supuso abrir un boquete en el Estado de Derecho, resultan inadmisibles los ataques furibundos y las graves acusaciones que desde la formación de Puigdemont, y también de otros socios del Ejecutivo, se lanzaron ayer contra los jueces, en una suerte de desvarío que cuestiona nuestro estado democrático y corresponde al Gobierno cortar sin ambages. Es la segunda votación trascendente que Sánchez pierde en apenas veinte días, lo que evidencia la dependencia absoluta de unos socios insaciables aferrados a la única defensa de sus intereses, que ponen en jaque la gobernabilidad.