La amnistía apalabrada por Pedro Sánchez con Junts y ERC no acaba de vislumbrarse como una norma de indudable constitucionalidad que sea, además, plenamente satisfactoria para el independentismo que la exige. El PSOE se vio obligado a registrar su proposición de ley, ante las reservas que mostraban ERC y Junts. Rechazadas las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox, las parciales que los socialistas registraron anteayer un segundo más tarde de lo reglamentario tras pactarlas con los posconvergentes y los republicanos, se encontraron con la sorpresa de que estos presentaron además sus propias enmiendas. Los socialistas, convencidos de que con esos ajustes el Poder Judicial no podrá más que aplicar la ley resultante. Los independentistas, tratando de ampliar el perímetro de la amnistía. Pero han sido las dudas de constitucionalidad mostradas por los letrados del Congreso asignados a la Comisión de Justicia las que han devuelto la discusión al punto de partida, al advertir de que la amnistía requeriría una reforma de la Carta Magna. Desechando la pretensión revisionista de equiparar la amnistía exigida por Junts y ERC a la de 1977. Dudas que, deliberadamente, se quisieron sortear desde el momento en que Pedro Sánchez resolvió tramitar la iniciativa mediante una proposición de ley de partido, para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y la eventualidad de recabar el parecer del Consejo Fiscal. Bajo la idea de hacer de la necesidad virtud, se ha querido hacer de la necesidad ley. Pero con un entusiasmo tan creativo y un ánimo tan voluntarista que el Gobierno y sus aliados optaron por olvidar que el Estado constitucional es un sistema de contrapesos y división de poderes. Aunque el trámite parlamentario durará hasta final de abril, junto a informes jurídicos que ofrecerán cuando menos apuntes críticos, seguido de recursos al TC y de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo, en una legislatura pendiente del fugado Puigdemont. Una legislatura que corre el riesgo de empantanarse en la amnistía.