La decisión del Gobierno de impulsar una ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la oferta de porno, acompañándola de medidas y medios que aseguren su eficacia, cuenta, necesariamente, con el máximo consenso social. Por eso es fundamental que la iniciativa se abra a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios y de organizaciones y especialistas que puedan enriquecer el contenido del informe de partida que ayer manejó el Consejo de Ministros. Los datos de preocupación, en los que el presidente Sánchez ha coincidido con Save the Children, FAD Juventud y otras organizaciones, son incontestables en cuanto a la urgencia y relevancia de la intervención pública sobre el problema. La protección de los menores en su desarrollo personal, frente a narrativas que reducen las relaciones sexuales a encuentros meramente físicos, cuando no a secuencias de posesión, dominación y agresión sobre todo contra las mujeres, beneficia a la sociedad en su presente y en su futuro. La fijación de un marco de derechos y obligaciones, la habilitación de filtros informáticos y la implicación de los proveedores en el empeño son imprescindibles, pero no suficientes para afrontar el desafío de un descubrimiento saludable de la sexualidad. Tan importante y crucial como la pedagogía de las prohibiciones -que no sólo impida el acceso a consumos perniciosos sino que contribuya a identificar el mal- es la educación en positivo en un aspecto ineludible en la formación de los jóvenes y también en el correcto uso de las nuevas tecnologías. El acceso cada vez en edades más tempranas a dispositivos móviles, aplicaciones y redes sociales, como puntos de encuentros virtuales de los jóvenes, entrañan una serie de riesgos, como ha quedado demostrado con los recientes desnudos falsos generados por inteligencia artificial, que deben ser encarados con una correcta educación digital. Tanto en los menores como en las familias.