El proceso de investidura después de las elecciones generales de julio ha traído muchos temas nuevos de debate. Ante la imposibilidad de un partido individual de poder formar gobierno, las negociaciones entre partidos han resaltado temas como el perdón de deudas autonómicas, el número de ministerios, la amnistía a los políticos involucrados en el 1-O y la posibilidad de hacer gobierno en minoría en un futuro para evitar crisis de investidura. Estos temas han dado paso a nuevos debates acerca de posibles reformas constitucionales, pero eso lleva a la duda: ¿Cuándo fue la última vez que se reformó la Constitución? La Constitución Española vigente ha sido modificada sólo dos veces desde su aprobación en 1978: la primera, en 1992, para darle derecho a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España para votar y postularse en elecciones municipales, y la segunda, un poco más controvertida, en 2011, para establecer el pago de las deudas como principal prioridad sobre otros gastos en los presupuestos generales bajo la presión de otros Estados Europeos.

Han sido temas relacionados con la Unión Europea y el proyecto europeo los únicos capaces de lograr un consenso parlamentario en España. Puede sonar bien desde fuera, pero la realidad es quizás más complicada: la reforma de 2011 no viene de una iniciativa conjunta de los partidos mayoritarios, sino como un compromiso que debía hacer España para formar parte de la UE al recibir las recomendaciones ante el Pacto por el Euro de inicios de 2011, y siguiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

Nunca en la historia reciente se había visto una organización como la Unión Europea, con poderes supranacionales capaces de infringir en la soberanía de algunos Estados a través de su influencia, hasta el punto de lograr reformas constitucionales sin precedentes. No ayuda que muchos de los procesos sean opacos o que dependan excesivamente de los líderes que en cada momento tienen el poder en Bruselas. Por ejemplo, el expresidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker tuvo piedad de España en más de una ocasión al proponer explícitamente que no se impusieran sanciones a pesar de haber roto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el mismo pacto por el que se reformó la Constitución en 2011). Si la Unión Europea tiene tanto poder, hasta el punto de ser capaz de cerrar brechas ideológicas en el Congreso e incidir en los procesos internos de un Estado soberano, ¿quién toma las decisiones?

Las iniciativas legislativas casi siempre surgen de la Comisión Europea, el órgano colegiado que sirve como “ejecutivo” y que se encarga de implementar los tratados. La redacción y aprobación viene dictada por el Consejo de la Unión Europea (donde se reúnen los representantes de los Estados) y el Parlamento Europeo (en base a los resultados de las elecciones europeas). De igual manera que en otro momento sancionar a España dependió al expresidente Juncker, gran parte de la iniciativa legislativa depende de la Comisión actual liderada por la presidenta Von Der Leyen.

¿Qué tipos de legislación podrían afectarnos? Cualquier cosa: desde cuestiones más “mundanas” como la prohibición de plásticos de un solo uso o que las próximas generaciones de iPhone usen USB-C, como otras más complejas como los límites en lo que se pueda exportar a la Unión o si España podrá recibir fondos para financiar su lenta recuperación de la crisis. Y así es como la UE no dudó en hacer clara su influencia en 2011: de tener lugar alguna otra crisis pronto, no dudaría en usar su poder de coerción.

Sin embargo, la Comisión no tiene plenos poderes y aún depende fuertemente del Parlamento Europeo para la redacción y aprobación de legislación. El Parlamento es el órgano más democrático de la institución, su composición partidista depende exclusivamente de la opinión de los ciudadanos europeos e independientemente de las propuestas de la Comisión o qué clase de ideología promuevan, la composición parlamentaria tendrá el poder de enmendar artículos que no considere pertinentes, o directamente rechazar su iniciativa. A pesar de esto, las últimas elecciones europeas en 2019 la participación fue de menos de 11 puntos porcentuales con respecto a las generales de ese mismo año, sin contar las decepcionantes participaciones de años anteriores, con menos de 45% en 2014 y 2009. La participación ha ido en aumento, y en España fue superior a otros países en el sur como Portugal o Italia. Pero no se puede saber del todo si es mérito exclusivo del interés en la política europea, al organizarse las elecciones europeas de 2019 junto a las elecciones municipales. El verdadero desafío, entonces, va a tener lugar en las próximas elecciones, que se van a celebrar en junio del año que viene.

Si España quiere tomar las riendas de la política europea, deberá salir a votar y dar su opinión. La diferencia entre una coalición u otra dentro del Parlamento puede ser de pocos votos. Toca reflexionar: ¿Qué clase de Europa quiero? ¿Qué clase de ideas considero inaceptables? ¿Qué debería cambiar en la UE? Y si algunas de estas preguntas traen serias consecuencias, la única solución es ir a las urnas. Cuando una organización como la Unión Europea tiene el poder de incidir en la soberanía de un país hasta ser decisivo en cambios constitucionales, lo peor que podría hacer el ciudadano europeo es quedarse callado.

Vincenzo Montagna es socio de Equipo Europa