La semana pasada se conocieron los pactos de investidura firmados por el PSOE con PNV y Junts (el firmado con Bildu no se conoce). El lenguaje es vago y con frecuencia habla de que “se negociará”, pero entre esas coles hay unas cuantas lechugas menos ambiguas y más preocupantes.

Se asume (y ya se ha propuesto) una amnistía para todos los relacionados, de una forma u otra, con el intento de secesión de 2017. Todos, desde los abogados de Puigdemont (acusados de blanqueo) pasando por los organizadores de los disturbios y sabotajes, hasta los que desviaron fondos para financiar el ataque a los derechos de los catalanes no nacionalistas. Se asume también que las actuaciones judiciales en ese terreno serán objeto de supervisión parlamentaria, y que comisiones parlamentarias podrán incluso exigir responsabilidades a los jueces por supuesta “judicialización de la política”.

Se busca una “independencia financiera” de Cataluña (y ahondar la vasca) en el marco de las quitas de deuda ya acordadas, privilegiando a una de las comunidades más ricas con lo mejor de una hacienda propia, lo más generoso de una normal, y lo más arbitrario de un Cupo negociado como el vasco.

Se consagra la interferencia del PNV en las decisiones del Parlamento foral, comprometiendo al PSN a apoyar solicitudes de competencias decididas por éste sin relación con las prioridades o intereses de los navarros. La “extensión del autogobierno” por sí misma no mejora la vida de nadie, salvo la de los cargos públicos autonómicos que acaban controlando más presupuesto y más funcionarios cuya contratación también quiere condicionar el PNV. Dejando aparte la retórica sobre el reconocimiento de las “realidades nacionales” o “diferencias” de algunas regiones, y los “mecanismos” para hurtar las decisiones a las instituciones democráticas, estos acuerdos van a tener consecuencias prácticas. Aunque es evidente la intención del PSOE de retrasar el cumplimiento de muchas de sus partes o limitarse a “negociar” sobre las cuestiones planteadas, el hecho de que no pueda ni aprobar unos presupuestos ni legislar nada sin el apoyo de Junts y PNV va a limitar mucho su capacidad de maniobra. Van a tener que intentar cumplirlos. La enorme inseguridad jurídica que crean unos pactos que cuestionan principios básicos de una democracia europea, como la separación de poderes o la igualdad ante la ley, y que rompen la solidaridad regional más básica, se va a ver aumentada por la inestabilidad social que desatan.

La sociedad civil lleva años avisando de que la degradación del Estado de Derecho es ya muy seria, y sólo ahora, cuando necesitamos el paraguas y resulta que no tiene tela, la ciudadanía hace caso. Pero lo está haciendo, y tanto organizaciones (colegios profesionales, asociaciones de jueces, fiscales, letrados judiciales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, embajadores jubilados…) como ciudadanía están expresando su rechazo a estos acuerdos.

Es importante que hagamos visible ese rechazo. Por un lado y pese a la insistencia de muchos medios en ocultar las movilizaciones tras las imágenes de cuatro extremistas, la ciudadanía acaba viendo que decenas de miles de personas más están en la calle y refuerza su movilización. Una movilización que acabará teniendo efectos electorales (en qué dirección, es ya otra historia). Por otro, tanto el comisario Reynders como su jefa han expresado ya su preocupación y su disposición a poner en marcha el Mecanismo de Estado de Derecho, un sistema europeo de supervisión de la calidad democrática de los países miembros que pasa por informes, sigue por amonestaciones, continúa por prescripciones y termina en sanciones muy serias para un país que no tiene margen de maniobra financiero.

Bruselas tiene además la palanca de los últimos tramos de financiación post crisis Covid, así como la de la justificación de los ya transferidos, e incluso la aprobación de los proyectos de presupuestos. Tiene mucha capacidad para hacer la vida incómoda al futuro gobierno. La dificultades para legislar cuestiones que con frecuencia requieren leyes orgánicas sin mayoría en el Senado, bajo la coacción permanente de socios mercenarios, con el cuestionamiento abierto de la sociedad y de las organizaciones que la vertebran, en conflicto con el Poder Judicial y con la calle movilizada, van a crear un clima de crispación en el que la presión europea puede ser decisiva para que, en un año o dos, se deshaga el pacto sin haber terminado de romper la casa. Lo importante es que, entonces o después, la ciudadanía elija a quienes se comprometan a reconstruir ese Estado de Derecho y esas garantías que llevan veinte años erosionándose sin que los partidos en el gobierno hagan más que agravar el problema. Hay que reconstruir el paraguas de instituciones independientes y funcionarios imparciales. Hay que reforzar el dique de la separación de poderes. Hay mucho que reformar para que lo que hoy permite abusar a unos, no se lo permita también mañana a otros.

Miguel Cornejo. Presidente Presidente Asociación Pompaelo