Con nocturnidad y cierta alevosía, el cambio de cromos “amnistía por investidura” terminó el 31 de octubre. Justo el día en que la heredera de Felipe VI se entregaba ante la Constitución y la voluntad de los españoles, el PSOE de Pedro Sánchez se rendía a ERC, Puigdemont y el resto del independentismo. Si hace una semana el propio líder socialista abonaba el camino con una defensa sin ambages de la amnistía como bien “de interés para España”, la visita de Santos Cerdán al prófugo catalán cerró el lunes el círculo. Un acuerdo con el conjunto del soberanismo catalán, vasco y gallego galvanizado por la ley de amnistía. Lo que no se esperaba ha sido el momento elegido por el PSOE para rendir pleitesía a ERC y amarrar el ‘sí’ de los de Pere Aragonès. Una nota de prensa en la misma noche de un día histórico para el país y la consolidación de su democracia parlamentaria no deja de ser perturbador. 

El Gobierno y los independentistas encarrilan así la pieza clave para la investidura, la ley de amnistía, que rehabilitará a los dirigentes del ‘procés’ con un borrado de los hechos por los que fueron encausados. Un olvido penal que se extenderá a cientos de procesados en causas de distinta envergadura. Incluidos, al parecer, miembros de los CDR y Tsunami Democràtic, la guerrilla urbana que protagonizó múltiples altercados tras las sentencias del Supremo a los implicados en el procés. Dice Aragonès que pactar la amnistía “para todos los represaliados era imprescindible”, y el trágala del PSOE es completo. 

Es cierto que Puigdemont no ha logrado que la norma esté aprobada para la investidura, pero sí estará registrada en el Congreso y las negociaciones se precipitan para poner fecha a la reelección de Sánchez. Los socialistas van quemando hitos del calendario y meten la sexta marcha sorteando cualquier traba. La última, la del CGPJ, cuya mayoría conservadora ha forzado un pleno extraordinario ante lo que considera falta de encaje constitucional y respecto al Derecho europeo de la amnistía. “Esa medida supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España”, sentencian.