El Plan Presupuestario remitido, como es preceptivo, por el Gobierno a Bruselas con sus previsiones económicas ajustadas al marco fiscal no despeja el asunto nuclear -lo es para las expectativas domésticas de la mayoría ciudadana- de si el Gobierno prorrogará o no las ayudas desplegadas para embridar la inflación que vencen el 31 de diciembre. Máxime, cuando la cesta de la compra se sigue encareciendo y se mantiene en niveles de récord: es un 10,5% más cara que en septiembre de 2022. Si siempre resulta complejo ajustar la realidad de los números macroeconómicos y fiscales a los objetivos, la situación política que se vive afronta varios escollos. Entre ellos, los conflictos geopolíticos cada vez más exacerbados y que elevan la incertidumbre y la inestabilidad, y además no contribuyen en nada a la contención de la inflación. El Ejecutivo se escuda en un condicionante objetivo -se encuentra en funciones tras las elecciones del 23 de julio- para enviar un informe que no contabiliza la prolongación de esas cargas presupuestarias contra las que ya ha advertido la Unión Europea, sin comprometer cuál será su postura final. Las ataduras propias de la interinidad de este trance hasta que se logre o no investir a un presidente del Gobierno no deberían confundirse con ninguna intencionalidad política inconfesada. Esto es, con la incomodidad que pueda representar para el Gobierno de Pedro Sánchez la eventual e impopular reversión de las medidas en un trance en el que está en juego la continuidad del Ejecutivo de coalición o nuevas elecciones. Medidas que han funcionado como mitigadoras frente a un repunte de los precios que sigue acuciando a las familias, y especialmente a aquellas que pasan por mayores dificultades. Pero cuya eficacia final, con un coste de 45.000 millones de euros a finales de 2022, merecería un examen exigente y razonado. El ineludible recorte del déficit y de la deuda pública al que habrá de enfrentarse el país a corto plazo por imposición de Europa obliga también a ello.