Cometería un error irreparable, si me resigno a admitir como un hecho inevitable, la amnistía que se está manejando.

No me podría perdonar no haber hecho lo suficiente para impedirlo y denunciarlo como lo que es: un aplastamiento de nuestros derechos democráticos. ¿Qué hacer? Algunos grupos ciudadanos nos proponen acudir el 8 de octubre a ejercitar una protesta cívica en las calles de Barcelona. Y creo que allí hay que estar.

La igualdad de todos los ciudadanos es el eje esencial de todas las democracias. Quienes decidan violentar este principio exonerando de cumplir las leyes a unos políticos concretos sin otra causa que buscar sus favores, se acercan a la tiranía.

El deshonroso negocio que se cierne en torno al político fugado responde a su catadura, el cual plantea: Yo te doy mis siete votos y tú me entregas la democracia española.

Esta amnistía persigue dinamitar y boicotear el trabajo de jueces, fiscales y miembros de los cuerpos de seguridad al servicio de la justicia y tal pretensión en sí misma es absolutamente antidemocrática.

Si unos políticos por su propio interés arruinan el trabajo de los jueces, nos dejan indefensos a todos los ciudadanos.

Los gobiernos democráticos han de apoyar y proteger la labor de jueces y tribunales para que actúen con criterio aplicando las leyes y con plena independencia y vemos como en lugar de ello, se pretende violentar la ley para que la justicia en España quede anulada si se atreve a juzgar a unos delincuentes amigos del gobierno.

Para mostrar la magnitud del desvarío que significa, basta comprobar la insolvencia de los argumentos que pretenden justificar esta amnistía.

Se alega por parte de representantes a quienes se les suponía cierta solidez que” la amnistía no está prohibida” por la Constitución.

Pues bien, nuestra Carta Magna al igual que todas las constituciones democráticas, reconoce en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley” algo incompatible con consentir que unos determinados políticos puedan saltarse el cumplimiento legal por decisión de otros políticos asociados con aquellos.

Otro disparatado razonamiento en este caso aludido incluso por el presidente del gobierno en funciones es el de la conveniente “desjudicialización” de los delitos cometidos por los que fueron representantes de las instituciones catalanas. Mencionar tal vocablo, implica una infame falsedad como es pretender que quienes gobiernan se arroguen para sí el poder judicial…para que nadie salvo ellos mismos los pueda juzgar. Todo un puro anhelo dictatorial en sí mismo.

De nuevo la Constitución en su artículo 117 establece que la Justicia se administra por Jueces y Magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por tanto, la engañosa expresión “desjudicializar” implica hurtar a los jueces su derecho y obligación de juzgar unos hechos que aún no se han juzgado por haber huido algunos de sus autores.

Y si ya de por sí es ilegal, aberrante y antidemocrático dictar una amnistía como la que se pretende, aún es más grave y triste el fin y el motivo por el que se impone.

Si se comete esta perversión de la democracia es para favorecer a unos determinados ciudadanos ahora considerados “amigos” y tal atropello se provoca no para un fin ligado al bien común sino para ser investido presidente del gobierno siquiera de forma circunstancial.

A éstos dirigentes y opinadores que exponen semejantes razonamientos como si todo valiera en la Constitución sólo les ha faltado proponer un último artículo en su redacción según el cual: “Esta constitución votada por todos los ciudadanos quedará sin efecto si varios grupos parlamentarios deciden anularla una tarde por su propio interés". Ese es su rigor jurídico y su estatus moral.

Por todos estos motivos si se fuerza la amnistía, no se tratará de una victoria de Sánchez y de quien se fugó a Waterloo para huir de la Justicia, sino que será una derrota de todos los ciudadanos que transigiremos que por interés de unos políticos caudillistas puedan ante el mismo hecho castigarnos y/o perdonar a sus amigos según su conveniencia.

Por ello aplaudo y secundo la iniciativa Sociedad Civil Navarra y de quienes convoquen a acudir el 8 de octubre a las calles de Barcelona a ejercer nuestra protesta cívica y cuantas acciones democráticas expresen el profundo rechazo a esta embestida contra la democracia española. Que nos vean en frente a todos quienes defendemos la libertad, y la igualdad ante la ley.

Juan Luis Sánchez de Muniáin es parlamentario por UPN