Fallida la investidura de Núñez Feijóo, llega el turno de Pedro Sánchez, al que con toda probabilidad propondrá el Rey como candidato tras una nueva ronda de consultas con los líderes políticos. En un sistema parlamentario como el vigente en nuestro país es plenamente legítimo un Gobierno encabezado por un partido que no ha ganado las elecciones si el apoyo de otros grupos le otorga una mayoría suficiente. Por lo tanto, nada hay que alegar a que el presidente en funciones explore posibles acuerdos. La gran dificultad a la que se enfrenta Sánchez -y, a la vez, el principal motivo de controversia- estriba en que para ser investido nuevamente presidente deberá complacer, junto a los múltiples aliados de la última legislatura, a los independentistas de Junts, que junto a ERC han presentado como exigencias irrenunciables una amnistía por el procés y un referéndum de autodeterminación. El dirigente socialista había descartado por inconstitucionales ambas demandas antes del 23-J. Ahora parece haber cambiado de opinión sobre la primera, y se habría plantado ante la segunda, cuya vulneración del marco legal no admite dudas. Corresponde a Sánchez buscar los socios que crea convenientes para dar continuidad a las políticas desarrolladas durante su mandato. Pero dada la trascendencia de las cuestiones en juego, es imprescindible que tenga en cuenta los graves peligros que entraña para el conjunto del país sellar pactos a cualquier precio ante las demandas independentistas. Resulta paradójico que, cuando más débil es el secesionismo en las urnas, mayor sea su influencia. Es impresentable para la estabilidad del país que un prófugo de la Justicia como Puigdemont tenga la llave del poder. La excepcionalidad es fruto de la caprichosa aritmética parlamentaria, y del escoramiento que el Partido Socialista viene registrando en su obsesión por pactar sólo con los independentistas para mantenerse en el poder.