Alberto Núñez Feijóo aceptó ayer la anunciada derrota en la investidura emplazando a Sánchez a que someta a una repetición electoral su intención de promulgar una amnistía por el 'procés'. Es muy poco probable que el presidente en funciones atienda la invitación del líder del PP. Más bien confía en que el realismo rebaje en unas semanas las exigencias de ERC y Junts, quienes llevaron ayer al Parlamento de Cataluña nada menos que a avalar de antemano su negativa a secundar la investidura del candidato socialista si “no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones” de un referéndum de independencia tras “dejar sin efecto lo tipificado como infracción penal o administrativa en relación a la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación”. Los secesionistas recurren a la presunción de que hay un consenso catalán al respecto que les permitiría negociar en nombre de toda aquella comunidad. Pero ni ese consenso es tal, ni los objetivos que pretenden a cambio de apoyar al dirigente socialista concernirían únicamente a los catalanes. Ni la amnistía es constitucionalmente indolora, en tanto que afecta a la vigencia misma del Estado de Derecho, ni la reivindicación de una república propia para Cataluña puede encontrar en las instituciones del Estado la complicidad que exigen. La retórica de las mociones de ayer dejó patente el ánimo decidido de los independentistas por, según sus propias palabras, “no desaprovechar la ocasión”. Lo desconcertante del caso es que el PSC de Salvador Illa se manifestó en contra de la amnistía y del referéndum en el Parlamento catalán, mientras el PSOE de Sánchez se mantenía de nuevo en absoluto silencio. Después de lo escuchado durante las sesiones del debate de investidura, un partido que se supone de Estado como el Partido Socialista no puede escudarse por más tiempo en la discreción negociadora cuando desde el otro lado de la mesa, un secesionismo implacable anuncia la amnistía y el referéndum.