No hace tantos años, los partidos propugnaban que cualquier político denunciado ante la Justicia, debía abandonar el cargo. Incluso antes de poder defenderse o de probar su inocencia. Hoy, el candidato socialista al Gobierno de España, Pedro Sánchez, busca desesperadamente el voto de un prófugo de la Justicia, huido desde hace cinco años, acusado de malversación y desobediencia. Carles Puigdemont. En cualquier país medianamente respetable, ningún partido democrático acudiría a un presunto delincuente a suplicarle sus votos para mantenerse en el poder. No puede haber nada que negociar con un prófugo, salvo su entrega a la Justicia. Desgraciadamente, hace tiempo que algunos partidos, empujados por sus líderes, han abandonado los principios más elementales de la ética política. Muy pronto sabremos hasta dónde está dispuesto de llegar el candidato Sánchez. Que nadie se sorprenda.