Solo la extrema polarización en la que se ha sumergido la política española explica -no justifica- que, dos semanas después de las elecciones generales, el único contacto entre Sánchez y Feijoo se haya limitado a un cruce epistolar repleto de reproches en el que los dos candidatos defienden su derecho a someterse a una sesión de investidura. El presidente del Gobierno en funciones alega los apoyos con los que puede armar una mayoría suficiente. El líder del PP, su condición de primera fuerza el 23-J. La igualdad entre los dos bloques que encabezan es máxima, si bien las opciones del dirigente socialista parecen superiores ante la eventualidad de contar con el respaldo de los independentistas de Junts del prófugo Puigdemont. La crispación en la que se desarrolló la campaña y los movimientos posteriores hacen presagiar una legislatura de alto voltaje, lo que comporta riesgos para la salud democrática que no pueden pasar por alto los grandes partidos. El ruido que domina el debate no debería ser óbice para un consenso básico sobre la legitimidad del nuevo Gobierno que termine configurándose. Ello resultará compatible con cuestionar, en su caso, que se trate del más idóneo para los intereses del país y con la crítica razonada a su gestión. Del mismo modo, la acción del futuro Ejecutivo, al margen de la ideología que inspire su programa, en ningún caso podrá ignorar a la media España que no le apoyó directa o indirectamente. Estos principios caen por su propio peso, aunque no es gratuito recordarlos cuando la crispación ha llegado a tales niveles. Tampoco parece ocioso invocar que la Constitución atribuye al Rey la facultad de nombrar al candidato a la investidura, una vez oídas las fuerzas parlamentarias. La pretensión de Sánchez y Feijóo de ser los elegidos coloca en un delicado dilema a Felipe VI. En especial si el escenario político no se ha despejado cuando finalice su ronda de consultas. En todo caso, cabe exigir, particularmente a los grupos mayoritarios, el pleno respeto a la decisión que adopte el jefe del Estado y el máximo celo en la protección de su figura, lo que se traduce en evitar la tentación de utilizarlo en la refriega partidista.