El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley ómnibus con medidas de distinta naturaleza y alcance que serán objeto de una única votación parlamentaria para su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. Una técnica empleada de nuevo contra el criterio del Tribunal Constitucional. La decisión incluye la prórroga de disposiciones que vencían el 30 de junio, adoptadas frente a los efectos de la guerra de Putin. Como la supresión del IVA para productos básicos o la contención del precio de la bombona de butano y el mantenimiento de la bonificación al combustible profesional. Así como la subvención a los abonos de transporte para lo que resta de año. Aunque una vez termine este mes decae la prolongación extraordinaria de seis meses tras la finalización de los contratos de alquiler. Pero el Gobierno aprovechó para incorporar permisos laborales para los cuidados, la deducción del 15% en el IRPF al adquirir vehículos eléctricos -muy por debajo de lo existente en Navarra-, limitaciones para las licencias VTC, el acceso al préstamo del 100% del precio de una vivienda hipotecada a jóvenes y familias con menores a cargo o el derecho al olvido oncológico. Todas las disposiciones son socialmente beneficiosas, aunque evidencian connotaciones electoralistas. Los nuevos permisos laborales se dieron a conocer sin la presencia de Yolanda Díaz y de Ione Belarra, cuando son materia de Derechos Sociales y de Trabajo, lo que certifica la anulación de la coalición de Gobierno tras el 28-M. Es de esperar que, tras el decreto ómnibus, el Ejecutivo renuncie a adoptar medidas que lleven a los ciudadanos a preguntarse por qué Sánchez no las dispuso antes. El protagonismo partidista está solapándose de manera descuidada con la representación de las instituciones de todos. Una inclinación que tienta a los grupos en el ejercicio del poder, achicando el espacio de los intereses comunes. Es el efecto que generan determinados momentos de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.