Como dice Pedro Sánchez, no es la primera vez que un país asume la presidencia rotatoria del Consejo Europeo en medio de un proceso electoral. España lo hará el 1 de julio, tres semanas antes de las generales, lo que no debería entorpecer la gestión de asuntos de singular trascendencia para el futuro de la Unión Europea cuyos debates habrá de encauzar. El Gobierno ha presentado las líneas generales de sus prioridades, entre las que figuran un acuerdo migratorio tan necesario como difícil, la reindustrialización de Europa, la transición ecológica y el establecimiento de unos impuestos mínimos para las grandes empresas. El mandato semestral supone una magnífica oportunidad para reforzar el prestigio y la proyección exterior de nuestro país. Y también para que los partidos con auténtico sentido de Estado lo demuestren involucrándose de lleno a fin de que resulte fructífero para los intereses nacionales y de la Unión. Máxime, cuando desde Unidas Podemos, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, se han dado durante la legislatura notables y públicas disonancias desentonando la posición española ante una amenaza de alcance global como la Guerra de Ucrania, y la necesaria defensa emprendida por la Unión Europea ante la ilegal invasión rusa ordenada por Vladimir Putin. Una guerra de la que se sigue sin adivinar el final. La ocasión de la presidencia del Consejo Europeo debería ayudar a poner fin a la anómala falta de diálogo entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre una cuestión que exige la máxima responsabilidad institucional. Lo sería en cualquier circunstancia -igual que la ausencia de un cierto consenso sobre política exterior-, pero más aún ante la eventualidad de que se pueda producir un relevo en La Moncloa después de las elecciones del 23 de julio. El momento y la situación exigen de los dirigentes una altura de miras y elevarse por encima de las cuitas políticas locales.