La rebaja de la inflación hasta el 3,2% -nueve décimas menos- confirma una línea descendente que se apoya en el abaratamiento de los carburantes y el gas, en una subida más suave de los alimentos y en un favorable ‘efecto base’ al haber sido su evolución en mayo mejor a la de hace un año. Ese aumento contrasta con el 10,8% del pasado julio -el techo desde el inicio de la guerra en Ucrania- y demuestra los avances en su control, que representan un cierto alivio. Pero el dato adelantado esta pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística, aunque esperanzador, no refleja que hayan bajado, sino solo que crecen a un menor ritmo en los doce últimos meses tras una intensa escalada. Los fuertes y persistentes ascensos en la cesta de la compra y un IPC subyacente del 6,1% demuestran que el problema está lejos de ser resuelto, y que son muchos los hogares que siguen presentando serias dificultades para cuadras sus cuentas. Después de las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de combatir la crisis, cualquier cosa que no fuera una moderación de la inflación a estas alturas sería muy preocupante. Precisamente, el Ejecutivo deberá decidir si prorroga más allá del 30 de junio las medidas puestas en vigor para actuar contra la crisis: rebaja del IVA en ciertos alimentos, bonificación para el combustible de los transportistas o el cheque de 200 euros, entre otros. Una decisión que podría estar condicionada por la proximidad de la cita electoral del próximo 23 de julio. El Gobierno tiene motivos para felicitarse por la moderación del indicador, que figura entre los más bajos de la Unión Europea. Pero esa verdad macroeconómica, propensa al autobombo y a mensajes electorales sesgados más encaminándonos nuevamente a las urnas, choca con la percepción directa de los ciudadanos cuando comprueban en los supermercados el alza acumulada por artículos de primera necesidad. No es momento de triunfalismos, sino de políticas prudentes.