El acuerdo salarial sellado por CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, acogido con una generalizada satisfacción tanto en el ámbito económico como en el político, es mérito exclusivo de sus firmantes. Ni al Gobierno ni a la oposición corresponde protagonismo alguno en la fijación del marco para negociar los convenios colectivos. Carece de sentido, por tanto, que unos y otros pretendan utilizar en su propio beneficio el pacto entre los agentes sociales como argumento para colgarse medallas en busca de alguna rentabilidad partidista el 28-M. Mejor harían en mirarse en el espejo de los sindicatos mayoritarios y la patronal, quienes han acercado posturas aparentemente irreconciliables en un principio mediante renuncias mutuas hasta alcanzar un punto de encuentro en el que han antepuesto la paz social y el bien general. Es inevitable contraponer ese comportamiento con el escandaloso bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace más de cuatro años. Se trata de un mandato constitucional con plazos tasados, desoído de forma injustificable por las dos únicas formaciones que suman la mayoría suficiente para cumplirlo. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha urgido a terminar con esa insólita situación antes de que España asuma el 1 de julio la presidencia de turno de la UE, lo que parece improbable ante un diálogo de sordos entre PSOE y PP. Con una cerrazón similar habría sido inimaginable el acuerdo sobre los convenios que ambas formaciones reivindican como si fuera un éxito propio. Es probable que la subida salarial de hasta el 13% en tres años, según cómo evolucione la inflación, no satisfaga plenamente por razones opuestas a ninguna de las partes. Pero ambas lo dan por buena ante la convicción de que, llegados a ese punto, el entendimiento aporta más beneficios que la confrontación aunque, como es natural, el contenido del pacto no coincida con sus planteamientos iniciales. La clase política harían bien en tomar nota y seguir ese ejemplo.