No crean que es una broma. El Gobierno se ha comprometido a remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar animal, un proyecto de ley de grandes simios.

En el preámbulo se lee (BOE de 29 de marzo) que “las disposiciones adicionales cuarta y quinta, se refieren a la elaboración de una ley de grandes simios y a un mandato al Gobierno para que elabore unas recomendaciones sobre principios éticos y condiciones de protección animal”.

Seguramente la publicación de la ley de Bienestar animal, así como la de la ley orgánica de modificación del Código Penal, en materia de maltrato animal, han colmado el programa animalista del actual Gobierno de coalición, que además de populista, feminista, progresista, podrá añadirse la de ser el “gobierno animalista” por su sensibilidad con los animales.

No tengo nada en contra del buen trato a los animales en general, antes al contrario, y sobre todo a los de compañía, que tanto bien hacen acompañando a personas de toda condición. Pero de ahí a considerar que una de las prioridades del Gobierno sea la de remitir una ley de grandes simios, parece que hay un abismo.

Si echamos mano de Wikipedia, por grandes simios se consideran a los simios antropomorfos de gran tamaño: gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes. Hay también otras clasificaciones que incluyen a macacos, mandriles, colombinos etc.

No conocemos de la existencia de censos de tales animales en nuestro país, pues pasaron ya los tiempos de las posesiones en América y África, y de los mandriles y macacos los más conocidos en nuestra época infantil eran las monas de Gibraltar, algunas de ellas exhibidas en el Parque del Retiro de Madrid en un ejercicio que hoy sería delictivo a la vista de la nueva legislación citada.

Si traigo aquí este asunto, es porque parece que el oremus legislativo no anda fino o más bien desorientado. De nada sirve alardear como hacen últimamente el Gobierno y su presidente, de las 200 leyes aprobadas (la mayoría de ellas decretos leyes), si de las que han seguido la tramitación ordinaria van dirigidas a solo una parte de la ciudadanía.

Así, la ley de eutanasia (cuya promotora la ex ministra de Sanidad Carcedo ha sido elevada a consejera permanente de Estado por los servicios prestados), ley de Educación (ley Celáa, que habrá visto complaciente el fallo del TC, desde su destino como embajadora en el Vaticano), nueva ley del aborto, y no digamos la ley del sí es sí (la que ha justificado la excarcelación de tantos abusadores sexuales), no han servido siempre para mejorar la calidad de la ley, y en definitiva, el bienestar general.

Se legisla mucho y no siempre en la buena dirección. Mientras tanto, las leyes mordaza, la que tiene maniatado al CGPJ, la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que requiere tras 25 años de vigencia de una revisión a fondo para hacer valer los derechos ciudadanos y no dejar tanto poder en manos discrecionales de los jueces, o las leyes tributarias, que siguen utilizándose, en muchos casos, contra los ciudadanos, desconociendo el Derecho Tributario de nuestro país los grandes avances garantistas en otras ramas del Derecho.

Menos leyes y más justicia y buenos funcionarios: imparciales y bien formados que las apliquen. Y menos “capotazos” para entrar en la Administración como está sucediendo últimamente. Mientras tanto los grandes simios parece ser la preocupación de una parte significativa del Gobierno.