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"Tiene como fin reparar a las víctimas de un solo bando, y eso solo sirve para reavivar los rescoldos del fuego de la confrontación"

Avatar del undefinedManuel Pulido29/08/2022
Hace ya unos años, el reconocido historiador Josep Fontana, escribió un libro titulado De en medio del tiempo, Crítica, 2006. Pretendía con ello una cierta revisión del reinado de Fernando VII (El Rey felón), utilizando como título de su libro la parte final del manifiesto real de 4 de mayo de 1814, en el que el monarca más odiado de la historia contemporánea de España, proclamaba: “Declaro que mi real ánimo... es declarar nulos y de ningún valor y efectos la Constitución y los Decretos de las Cortes de Cádiz, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”.
Es la impresión que una lectura reposada del todavía texto del proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Congreso el pasado 14 de julio, que en breves fechas aprobará definitivamente el Senado, cuya intención podría asemejarse, pari passu, con la pretensión de quitar de en medio del tiempo, cualquier recuerdo de lo que pueda ser una visión imparcial e histórica de la Guerra de España (1936-1939) y el Régimen de Franco, considerando que sus efectos se proyectan hasta 1983, mediante la reparación de la “Memoria de las víctimas del golpe de estado, guerra de España y la dictadura franquista” (sic).
Puede parecer una paradoja, pero lo que pretende la ley es reescribir la historia por parte del bando hoy vencedor -el de la mayoría que apoya al gobierno junto con Esquerra, Bildu y PNV-, y reformular la historia de España mediante la inserción de su relato, diríamos, en el Boletín Oficial del Estado, a través de la memoria de las víctimas caídas en el periodo citado, pero recordando que las del otro bando, las que habían combatido o se “habían posicionado a favor del golpe de Estado” ya fueron objeto de “importantes medidas de reconocimiento y reparación moral”, lo que permite interpretar de modo sistemático, que quedan excluidas del ámbito de la ley.
Es por ello, que la Ley de Memoria Democrática es, en primer lugar, una ley revisionista, porque lejos de pretender la reparación histórica de hechos pasados, como, ad exemplum, fueron en la Transición el viaje de Don Juan Carlos I acompañado de Felipe González a la viuda de Azaña en México como reconocimiento a la acogida a la diáspora republicana, o el reconocimiento de las pensiones de los gudaris vascos o el reconocimiento a personalidades depuradas como el escritor Francisco de Ayala, repuesto en su condición de Letrado de las Cortes españolas por el presidente del Congreso Peces Barba, esta ley pretende todo lo contrario.
Tiene como fin reparar a las víctimas de un solo bando. Y eso solo sirve para reavivar los rescoldos del fuego de la confrontación. Son ejemplo de lo expuesto, la revisión Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, así como el código penal, revisables desde los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, según se lee, y otras medidas similares.
En segundo lugar, la ley estudiada es una norma presentista, es decir, trata de reinterpretar el pasado teniendo en cuenta sólo el presente, como si la historia se pudiese cambiar (feminismo radical, LGTB). Para ello utiliza todo un arsenal de medidas no siempre proporcionadas, como la creación de un Fiscalía de Sala para los hechos que constituyan violaciones de derechos humanos, a modo de las leyes de Nurenberg de 1942, como si la guerra civil española no hubiere terminado hace cerca de 100 años, o la creación de bancos de ADN de víctimas de la guerra y de la dictadura, o la postergación de la imagen histórica o personal y familiar de determinadas figuras del otro bando, para imponer la verdad de manual de la ley, etc.
Finalmente, es una ley problemática constitucionalmente, porque reabre contenciosos no siempre fáciles de resolver como la irretroactividad de muchas de sus medidas, por no decir casi todas, en particular la derivadas de revisión de sentencias de guerra y del régimen franquista ante el Tribunal Supremo, y lo peor de todo y más criticable, la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneración de derechos humanos... entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas (¿tributo a la revisión del caso Lasa y Zabala?). En fin, quizás la historia no termine aquí, y otros vendrán que tratarán también de quitar esta ley y sus consecuencias “de en medio del tiempo”.
Manuel Pulido Quecedo Abogado
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