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"No es nuevo que el Gobierno discrepe de su servicio de inteligencia, aunque sí es nuevo que se cese por un informe elaborado por un independentista"

Avatar del undefinedManuel Pulido14/05/2022
Cuenta Jorge Dezcallar, primer director civil del CNI (2001-2004) en su libro Valió la pena, una vida entre diplomáticos y espías, que cuando el presidente Aznar le hizo llamar desde Rabat, donde era embajador de España ante el Reino de Marruecos, para ofrecerle la dirección del CESID con la condición de “civilizarlo”, su objetivo era reformarlo de arriba a bajo y de democratizarlo, de modo que ajustara su funcionamiento a las reglas del Estado de Derecho y se sometiera a los controles habituales en nuestro entorno. De ahí, surgió luego el CNI.
Recordaba también que bajo la dirección del general Manglano, y tiempo atrás, el CESID había protagonizado de la mano de su jefe de división operativa, el coronel Perote, un caso de espionaje, al haber “fisgado” desde el Rey hasta el ministro de Exteriores Paco Ordóñez. El incidente causó, como sucedió unos años más tarde con las escuchas de Wikileaks, un gran escándalo, lo que obligó a dimitir al vicepresidente Narcís Serra y al ministro de Defensa, Julián García Vargas.
La pregunta que cabe hacerse a la vista de las escuchas Pegasus y del control de las escuchas telefónicas al presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, y a otro miembros del procés independentista es si la cabeza de la primera directora del CNI, servida en bandeja de plata a los socios del presidente Sánchez, como la del Bautista ante Herodes, será suficiente o se llevará por delante, antes o después a algún otro ministro, sea la de Defensa o cualquier otro que sirva para embridar las relaciones del Gobierno de Unidad Popular de Sánchez (Cebrián dixit) con sus socios catalanes.
La actual directora del CNI ha cumplido con el primer mandamiento del jefe de los espías, ser discreta. Apenas se conocía su filiación y aunque seguramente las relaciones del CNI y del Parlamento puedan sin duda mejorarse, no puede decirse que en el caso presente su actuación haya sido ni desproporcionada ni injustificada, al ver su actuación autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo que designado por el CGPJ tiene por fin velar por los derechos reconocidos en el articulo 18 de la Constitución y que tiene por objeto examinar si las intervenciones de teléfonos y de otros instrumentos electrónicos estaba justificada. Por cierto, que dicho control judicial no existe en el caso del MI6 británico (servicio de espionaje), que puede entrar en un domicilio o intervenir una comunicación privada con la simple autorización de un secretario de Estado. Entre espías, las “ventanas de oportunidad” son muy cortas, según se dice.
No es fácil ser el jefe de los espías, ni en tiempos de González, Aznar o de Sánchez, pero el Centro Nacional de Inteligencia está al servicio del Estado, seguramente con lealtad al gobierno de turno y fuera de la lucha partidista, pero al servicio de la seguridad del Estado, aunque sus relaciones con el ministerio del Interior no siempre hayan sido fáciles, ni su función, en especial tras el 11-S (Torres Gemelas) o en España con el atentado de los trenes de Atocha, que supuso el cese de Dezcallar por su discrepancia con Aznar en la gestión de la crisis.
No es nada nuevo que el Gobierno discrepe de la gestión de su servicio de inteligencia, aunque sí es nuevo que se cese, a causa de un informe elaborado por un independentista catalán (Informe Citizen lab) de la Universidad de Toronto publicado en The New Yorker y aquí se le haya dado tal credibilidad, que de momento haya puesto al Gobierno contra las cuerdas, que ha tratado de compensarlo diciendo que también los miembros del Gobierno incluido su presidente, ha sido espiado (aunque con un origen distinto). Todo esto en la antesala de la reunión en Madrid de la OTAN en el próximo mes de junio, para celebrar su 40ª aniversario.
Tiempos difíciles para todos, en especial para los ciudadanos, pero también para el Gobierno y recordando a Von Bismark, el canciller de hierro, habría que decir que España es un país demasiado fuerte para disolverse, pese a las acciones insistentes de algunos de sus gobernantes. ¡Qué tropa, que diría el Conde de Romanones!
Manuel Pulido Quecedo Abogado
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