Los crímenes de guerra forman parte de la “operación militar especial” que el régimen de Putin desató contra Ucrania con la invasión iniciada el 24 de febrero. El asesinato de miles de personas a sangre fría, las señales de que muchas de ellas fueron torturadas, el testimonio sobre violaciones, la deportación forzosa de ciudadanos ucranianos, la apropiación indebida de bienes particulares y la devastación sistemática de ciudades y pueblos reducidos a escombros ofrece un listado de atroces vulneraciones de la legalidad internacional y de la nacional que no deja fuera ni un solo tipo penal en vigor. Nunca antes se habían abierto tantas investigaciones sobre posibles crímenes de guerra, y nunca se había empezado a clasificar la información disponible mientras se perpetra tan execrable violencia. Como si se hubiera entretejido toda una red de justicia comprometida en vetar la impunidad. Aunque la primera obligación de las democracias es impedir que Putin continúe sumando víctimas en su pretensión de hacerse valer ante el mundo y lograr que “su guerra” sea compartida por los ciudadanos rusos. Es entendible que surjan críticas ante el doble rasero por el que la comunidad internacional ha dado cobertura a desmanes igual de inhumanos en otros puntos del mapa mundial. Un mal que encuentra en Ucrania la oportunidad de corregirse. Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional. Pero Ucrania debería adherirse al Tribunal de La Haya sin limitarse a recabar su autoridad frente a la invasión rusa. Es necesario que La Haya centralice las investigaciones a que dé lugar la violencia bélica en Ucrania. Pero siempre que eso no desincentive el ánimo investigador de países y organizaciones no gubernamentales. Putin, su cohorte en Moscú y sus generales actúan en la confianza de que nunca comparecerán como acusados en La Haya. Pero sea por las sanciones, sea por requerimientos de la justicia universal, tampoco podrán liberarse en adelante de la protección jurídica y de la coacción física del Kremlin.