Además de revolucionar el tablero geoestratégico mundial, la guerra en Ucrania condiciona la política doméstica. La virulencia de las repercusiones económicas ya se deja notar en los bolsillos de las familias y ha desatado un profundo malestar social que empieza a manifestarse en la calle. La desorbitada carestía de la energía, su brusco efecto dominó en la cesta de la compra y los problemas de abastecimiento por el conflicto bélico y la huelga de transportistas dibujan un horizonte más que sombrío. Una situación agravada por el paulatino parón de la actividad en empresas, con sus derivadas en el empleo. El año y medio que resta de legislatura no va a ser testigo de la briosa recuperación a lomos de las ayudas europeas que esperaba Pedro Sánchez tras la pandemia, sino de una nueva crisis de duración e intensidad impredecibles, que requiere una respuesta a la altura de las circunstancias. El impacto del conflicto bélico en la economía aconseja una conjunción de esfuerzos a partir de un diagnóstico compartido entre el Gobierno, las fuerzas parlamentarias, las comunidades autónomas y los agentes sociales, llámese acuerdo de país o simple ejercicio de responsabilidad colectiva. El amplio consenso que busca el presidente en torno al plan de choque que el Consejo de Ministros aprobará el martes enviaría una potente señal de unidad a los ciudadanos. Pero no puede ser confundido con un cheque en blanco. Para hacerlo posible, el Ejecutivo -con discrepancias al respecto entre el PSOE y Unidas Podemos- debería mostrar una sincera voluntad de entendimiento, lo que incluye un diálogo fluido con la oposición e incorporar aportaciones suyas. Y, en tal caso, el nuevo PP demostrar sentido de Estado sumándose a un gran pacto en una coyuntura excepcional. Por desgracia, el actual clima político es poco propicio para ello. En nada ayuda la desconfianza suscitada por Sánchez con su volantazo respecto al Sáhara. La crisis impondrá sacrificios y coge a España con una capacidad de respuesta muy limitada tras la covid.