A parte de los cientos de vidas que ya se ha cobrado y las decenas de miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus domicilios, la guerra desatada por Vladímir Putin en Ucrania que viola de forma flagrante el Derecho internacional tiene una víctima colateral: la recuperación económica tras la pandemia. El potencial de Rusia como exportador de petróleo y gas, y también de materias primas y alimentos, ha sacudido los mercados con una brusca subida de precios y amenaza el crecimiento global. Aunque el impacto en ese ámbito del conflicto dependerá de su evolución e intensidad, su estallido echa irremediablemente por tierra las previsiones más recientes sobre la mejora de la actividad y agudiza los problemas a los que se enfrentan la UE y particularmente España. Si el brutal encarecimiento de la energía en los últimos meses ya había lastrado el ritmo de expansión de la economía internacional, el ataque del Kremlin representa el peor de los escenarios. En especial para una Europa que depende del crudo y, sobre todo, del gas ruso. La hipótesis de un corte o reducción de los suministros, ya sea como elemento de presión o por problemas derivados de la guerra, planea sobre un escenario de extrema incertidumbre que desincentiva la inversión y el consumo por la pérdida de poder de compra. Las esperanzas de controlar a corto plazo una desbocada inflación se han difuminado también ante el peligro evidente de que materias primas básicas para la industria, los cereales y bienes de otro tipo pueden verse afectados por la guerra. Según se desarrollen los acontecimientos, este panorama obligará al BCE a revisar la prevista subida de los tipos de interés; a Bruselas, a replantearse cuándo y cómo resucita la disciplina fiscal; y a los gobiernos nacionales, a evaluar medidas para reducir en lo posible la factura que la invasión de Ucrania supondrá para sus economías. En el caso de España, con la recuperación más retrasada de la UE y los precios disparados, se hace particularmente necesario un gran acuerdo social que encauce la negociación colectiva de forma razonable.