Después de dos años, el Gobierno foral ha puesto sobre la mesa el nuevo decreto que regula la valoración del euskera en el acceso a la Administración, y ha recibido las críticas de la mayoría del arco parlamentario, incluidos algunos socios del gobierno. No hay que olvidar que se parte de un decreto -del Ejecutivo de Barkos- catalogado por el TSJN de “discriminatorio”, y que por tanto obligaba a su corrección. Los criterios que apunta el PSN para la elaboración de la nueva norma son loables: realidad sociolingüística, igualdad de oportunidades y voluntariedad. Pero para cumplirlos no puede quedar al albur del consejero de turno la posibilidad de ampliar el euskera como mérito a otros puestos. El Gobierno es uno, independientemente de si los departamentos están dirigidos por un consejero u otro. Es hora de encontrar acuerdos entre quienes quieren el euskera alejado de intencionalidades políticas.