El diálogo social ha fracasado. Uno de los elementos de la reforma del sistema de pensiones, el mecanismo de equidad intergeneracional, no ha sido convalidado por la patronal, lo que ha suscitado cierto recelo en Bruselas, que pretende que el funcionamiento de las grandes economías nacionales se base en un consenso entre los agentes sociales y económicos del país. El ministro Escrivá defendió ayer que la subida de las tasas de cotización en un 0,6% (los empresarios pagarán cinco décimas y los trabajadores una) no cambia significativamente el terreno de juego empresarial, lo que no comparte la patronal. La propuesta gubernamental está encaminada a crear un colchón que amortigüe las tensiones provocadas por la jubilación en masa de generaciones nacidas en años de gran natalidad (los baby boomers (la generación más numerosa nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta). Con este nuevo mecanismo, que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad, un trabajador con la base media, de unos 2.000 euros mensuales, tendrá una cotización adicional de 2 euros al mes, mientras que la empresa cotizaría unos 10 euros mensuales más. Será en 2023 cuando empiece a aplicarse este nuevo sistema de cotizaciones, con el que se espera recaudar cerca de 50.000 millones en diez años. El mensaje del empresariado, tras levantarse de la mesa de negociación, ha sido claro: un aumento de las cotizaciones pone en riesgo la recuperación económica y la competitividad de las empresas. Gobierno, sindicatos y patronal ya discreparon con la subida del SMI, y ahora se une la ruptura en pensiones, cerrando así dos años de entendimiento y acuerdos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no desiste de que el consenso que no se ha logrado en este asunto sí se mantenga en la reforma de la legislación laboral, que está en curso, pero que no acaba de llegar a pesar de que el tiempo se acaba. Y Bruselas insiste en que el diálogo social es el método que apoya con firmeza para las reformas de calado y largo alcance.