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"Es difícil rescatar la credibilidad de los órganos constitucionales cuando la independencia de sus integrantes no es lo esencial"

Será difícil rescatar la credibilidad de los órganos constitucionales cuando la independencia de sus integrantes no es lo esencial, una responsabilidad que recae en las principales fuezas políticas

Avatar del Editorial DNEditorial DN12/11/2021
El reparto de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Congreso, acordado entre la coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos y el PP, recibió ayer el aval del Parlamento en medio del estruendoso cuestionamiento público de la idoneidad de sus integrantes, especialmente de Enrique Arnaldo. Lo hizo con la significativa ruptura de la disciplina por parte de diputados de los dos grupos en el poder y la negativa de ocho formaciones a participar en la votación. El PP no ha sido ni de lejos consecuente con las llamadas de Pablo Casado a “despolitizar” los órganos constitucionales. Socialistas y morados han defendido la decisión con el argumento de que así se desbloquea la renovación del tribunal. En otras palabras, porque conseguirían la mayoría del Constitucional una vez el Ejecutivo designe a dos vocales en junio y haga lo propio el Consejo General del Poder Judicial tras el pendiente relevo de sus miembros, sujeto también a un intercambio partidista de cromos. Será difícil rescatar su credibilidad tras un procedimiento en el que las fuerzas parlamentarias no se avergüenzan por convertir el reparto de magistrados en el único acuerdo de peso entre Gobierno y oposición en la presente legislatura. Ello cuando el Constitucional deberá evitar de entrada aparecer como la ‘corte de Arnaldo’ y este tendrá que decidirse entre abstenerse preceptivamente en todos aquellos casos que conciernan al PP, o ante litigios con los que hubiese mantenido alguna relación controvertida, o esperar a verse recusado por alguna de esas causas. Todo parece indicar ahora que las fuerzas políticas están dispuestas a lo que sea para trocearse las instituciones, contando para ello con candidatos de prestigio profesional más o menos discutible prestos a alinearse en la empresa. En un sistema de partidos, estos no pueden consagrar el reparto de puestos como única fórmula de acuerdo. El Legislativo debe designar una a una a las personas en que deposite su confianza institucional, sin que valga imputar a la otra parte del pacto las vergüenzas que este encierre.
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