Que la manera en que el Gobierno de Pedro Sánchez gestionó el estado de alarma tenía notables agujeros legales ya lo habían advertido los juristas. Pero Sánchez iba a lo suyo. Que lo primero era la crisis sanitaria. Como si atajar la pandemia y hacer las cosas bien fuera incompatible. El vapuleo del Constitucional ha sido de aúpa. Ha declarado inconstitucionales los dos primeros estados de alarma, concluye que el presidente “violó la legalidad” por no acudir al control periódico del Parlamento y dar a las autonomías funciones que no les correspondían. A toro pasado, poco le importa a Sánchez lo que digan los tribunales. Con mirar para otro lado todo resuelto. Y hasta la próxima. De momento, el Ejecutivo va a devolver las multas puestas durante el estado de alarma. En Navarra, 30.000 sanciones van camino de acabar en papel mojado. Total, que se van de rositas aquellos que incumplieron la normativa sanitaria porque sí, y el Gobierno. Menudo ejemplo.