El Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, resolvió ayer posponer la respuesta a la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena, que solicita la entrega de Carles Puigdemont y, desde ayer, la de Clara Ponsatí y Toni Comín a España. Queda a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea atienda la cuestión prejudicial elevada a Luxemburgo sobre en qué circunstancias un Estado miembro puede desatender una solicitud de extradición de otro, y se pronuncie sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria. Puigdemont, Ponsatí y Comín fueron encausados por los mismos hechos que llevaron a Junqueras, Turull y Sànchez a condenas de prisión. Con la diferencia de que año y medio después de su huida los primeros concurrieron a la elecciones al Parlamento europeo, y alcanzaron una inmunidad sobrevenida que, extrañamente, parece haberse dotado de efectos retrospectivos. Tanto que en el universo independentista se vive la peripecia del expresidente de la Generalitat y de sus dos vecinos de éxodo como si ya fueran inmunes a la acción de la Justicia. Cuando el vicepresidente actual de la Generalitat, Jordi Puigneró, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, apelan a la “justicia europea” para que contravenga a la “justicia española” denuncian que habría una causa general por la que el Estado español persigue a los independentistas catalanes. Obviando, claro está, que la causa contra los fugados obedece a haberse saltado unilateralmente la ley y convocado un reféndum ilegal. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, llegó ayer a alegar que la promesa de Pablo Casado en Valencia, asegurando que traerá al expresidente fugado -en términos muy parecidos a los que Pedro Sánchez empleó en campaña electoral- demuestra que el juicio que se sigue en España contra él es de naturaleza política. Un argumentario que no tienen el más mínimo sustento. Hay algo que chirría gravemente en la Unión Europea, la prejuiciosa falta de reconocimiento al carácter democrático y a los fundamentos de Derecho de cuanto resuelven las instancias judiciales españolas.