Si la crisis de 2008 fue afrontada por la Unión Europea, después de muchas vacilaciones, con la fórmula de la austeridad, que causó mucho dolor a los países más afectados, la crisis sanitaria de 2020 ha sido encarada por Bruselas mediante fórmulas expansivas de intensa inversión pública. El cambio ha sido oportuno porque la superestructura política tiene la obligación de aplanar los ciclos para reducir las oscilaciones y mitigar el sufrimiento de la población. En realidad, la desigualdad sembrada por la primera crisis del siglo todavía no se ha reducido del todo, y en nuestro país tenemos una tasa de riesgo de pobreza del 21%, en los primeros lugares de la UE y bastante más elevada que antes de la crisis financiera. En este marco de políticas expansivas, la UE ha habilitado 750.000 millones de euros en seis años, de los que 170.000 irán a España en forma de transferencias directas y préstamos, a cambio de una serie de reformas y políticas que conviene tener presentes, que no serán fáciles de lograr, y a las que el país se ha comprometido y que estarán vigiladas por los socios europeos: las contenidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que incluye 212 grandes inversiones y reformas. Para ello, Bruselas ha entregado ya a España los primeros 9.000 millones de euros, el 13% de lo comprometido, por lo que, ahora sí, llega la hora de la verdad. España no ha sido modélica en el pasado a la hora de ejecutar fondos europeos, y la situación actual es algo inquietante: según Hacienda, de los 24.200 millones de euros presupuestados, a un trimestre del fin del año se ha comprometido el 41% y se ha ejecutado el 18%. Lo no invertido podrá ir a los próximos ejercicios, pero si se produce este retraso será muy difícil que España pueda mantener las previsiones oficiales de crecimiento para 2022 (6,5%) y 2023 (7%), que en todo caso ya habrá que menguar por los últimos datos del INE, que rebajan en un punto la tasa prevista para 2022. El Gobierno está a prueba y de su acierto depende el efecto de los nuevos recursos, que no solo han de alimentar a la macroeconomía sino que han de proteger a las clases menos acomodadas y promover una mayor integración de los que permanecen aún al margen del sistema.