El encuentro de casi dos horas entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, preludió la reunión de los cuatro ministros y los dos consejeros que completaban las respectivas delegaciones. A su término, el dirigente socialista se mostró confiado en que los acuerdos posibles de alcanzar permitan superar las diferencias insalvables en torno a la autodeterminación y la amnistía reclamadas por el independentismo. Incluso se mostró esperanzado en llegar a “una solución pactada”. Pero ni el propósito de dialogar “sin prisa, sin pausa y sin plazos” permite suponer que la búsqueda de una “solución al conflicto político” -que, según Aragonès, remitiría a la independencia de Cataluña- vaya a ofrecer resultados superiores a los que puedan lograrse de la cooperación ordinaria entre la Administración central y la Generalitat a partir del carácter autonómico del Estado constitucional. Como tampoco es factible reducir la naturaleza del problema a la existencia de un conflicto que para el secesionismo es poco menos que ancestral y que, por contra, Sánchez limitó ayer a los últimos diez años de desencuentros. Resulta significativo que la mesa de diálogo se encomendara ayer a establecer sus bases y su metodología de trabajo, evidenciando que dos partes tan comprometidas en el empeño no habían avanzado nada durante las semanas siguientes al anuncio de la cita en el Palau de la Generalitat. Sánchez y Aragonès simularon representar en su encuentro la voluntad mayoritaria en Cataluña, por un lado, y del conjunto de España, por el otro. Pero mientras el presidente del Gobierno requirió un diálogo previo en la Cataluña plural, eludió las discrepancias y reservas que su iniciativa suscita en el resto de las Cortes y en distintas comunidades, que reclaman con toda justicia, un trato similar al que se da a la Cataluña soberanista. Y mientras el jefe del Govern se erigía, con sus dos consejeros de ERC, en el fiel de la balanza de Cataluña, no pudo disimular ni por un momento su soledad y la de su partido.