El acto de apertura del año judicial, celebrado nuevamente en la sede del Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey, volvió a situar en primer plano la imperiosa necesidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en una situación anómala desde hace casi tres años. El presidente del Supremo y del propio Consejo, Carlos Lesmes, apeló al “patriotismo constitucional” de los partidos con representación parlamentaria para urgirles a cumplir esta previsión de la Carta Magna. Además, criticó la promulgación de la ley orgánica por la que la mayoría que sostiene al Gobierno resolvió limitar las atribuciones del CGPJ cuando se encuentra en funciones. El bloqueo es insostenible. Las dos principales formaciones parlamentarias, PSOE y PP, que tienen en su mano la mayoría cualificada requerida para designar a los integrantes del CGPJ, no deben eludir por más tiempo la obligación constitucional de ponerse de acuerdo para su renovación. Independientemente de que el PP reclame ahora un cambio en el procedimiento de elección. Un cambio que debería formular con precisión y que requeriría una mayoría igual de cualificada. Lesmes recordó que la Judicatura española es también europea para describir el alcance de su independencia como poder del Estado democrático. Aunque recordó que el CGPJ no es un órgano de representación de los jueces, sino una instancia para su gobierno cuya composición compete acordar al Legislativo. Pedro Sánchez y Pablo Casado no pueden seguir manteniendo la renovación pendiente del CGPJ como espacio propicio para la disputa partidaria. Como si pudiesen obtener algún rédito particular de tan clamoroso despropósito. Es urgente que cesen en tal confrontación porque, de lo contrario, la trifulca extenderá sombras de sospecha más allá del propio órgano de gobierno, hacia la Justicia en general. Algo que además, sólo contribuye a alimentar el debate ciudadano sobre el deseo de los grupos políticos de tratar de controlarla. Porque tan obstinado desencuentro en torno a la renovación del CGPJ puede acabar convirtiendo la división entre los poderes del Estado en una sucesión de reproches que socaven sus fundamentos constitucionales.