Se cumplen mil días de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En diciembre de 2018 expiró el plazo anterior de una institución que había sido elegida en diciembre de 2014, con Mariano Rajoy al frente de una mayoría absoluta. En aquel momento, el PP designó a once de los veinte miembros, por siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV. Al frente del Consejo y, por tanto, en la presidencia del Tribunal Supremo, se situó Carlos Lesmes. El CGPJ ha de ser designado por una mayoría de tres quintos según la Constitución, y todo él es elegido por el Congreso y el Senado, aunque doce vocales han de provenir de la carrera judicial, que se reserva la presentación de candidatos. Para cumplir tales mayorías, es indispensable la suma de los votos del PP y PSOE, que no ha llegado a producirse. El último intento se frustró en noviembre de 2018 por la filtración de un mensaje del portavoz popular en el Senado, quien aseguraba que la fórmula pactada entonces con los socialistas era favorable al PP. La anómala situación se repitió otras dos ocasiones más en democracia. El PP insiste en que no pactará si el PSOE no accede a reformar primero la LOPJ para que el cupo judicial del Consejo sea designado directamente por lo propios jueces. Pero eso no significa que los populares sean los únicos responsables de esta dejación que concierne a toda la clase política, que siempre ha intentado patrimonializar la Justicia y que ha usado para la elección el sistema de cupos, por el cual se intercambian afines en lugar de apoyar a candidatos que tengan apoyo transversal. Algo además, que sólo contribuye a alimentar el debate ciudadano sobre el deseo de los grupos políticos de tratar de controlar la Justicia. El próximo lunes, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, asistirá por octava vez a la apertura del Año Judicial que presidirá el Rey, y no perderá ocasión para lanzar un rapapolvo a los partidos y a la clase política. Las recriminaciones no han hecho hasta ahora mucha mella en quienes deberían arreglar el entuerto. Lo natural sería que PP y PSOE salieran el lunes del acto judicial con el compromiso de lograr un acuerdo de manera inmediata.