Resulta  obvio recordarlo, pero la finalidad de los paquetes de ayudas que se han activado desde las administraciones para paliar en parte las pérdidas económicas que la pandemia ha ocasionado en los distintos sectores industriales, es precisamente que lleguen a sus destinatarios. Y no siempre está resultando así, principalmente porque las condiciones que se establecen desde los gobiernos, central o autonómico, resultan en muchos casos excesivamente limitantes para los solicitantes. Es el caso del dinero destinado por el Estado para mejorar la solvencia de autónomos y empresas. Una buena parte de los 67,7 millones que corresponde a Navarra del fondo estatal podrían terminar quedándose en el cajón. Es el temor que manifiestan asociaciones y patronales de autónomos, que aseguran que las condiciones impuestas por la administración central y modulados, aunque sólo en parte, por la autonómica, alejan a muchos profesionales de estas ayudas. Y eso pese haber visto sus ingresos desplomarse por la crisis. Hasta el 20 de agosto, fecha en la que finalizaba el plazo para presentar las ayudas, de los 12.500 autónomos y profesionales que podían acceder al fondo, sólo 1.735 han presentado la solicitud. El Ejecutivo foral ha reaccionado ampliando un mes el plazo mientras trabaja con el ministerio posibles modificaciones. Es necesario que así sea. No se trata desde luego de que no haya condiciones. Sino de que estas estén sujetas a la verdadera realidad de los solicitantes. Y a la vista de los elocuentes datos, es evidente el fracaso.