Se ha cumplido un mes de la formación del nuevo Gobierno, en el que entraron siete ministros, Iceta cambió de cartera y Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera ocuparon por este orden las tres vicepresidencias. Recién estrenado el mes de julio, Pedro Sánchez no quiso demorar una remodelación que venía exigida por una acumulación de desacuerdos internos y evidencias claras de desgaste. Un desgaste reflejado en las encuestas, que apuntaban a la consolidación de una alternativa de centro-derecha liderada por el PP. Realmente, el cambio ha sido profundo pero el tono del equipo se mantiene invariable, y las encuestas no han recogido ningún variación en la tendencia del voto. Si el presidente Sánchez pretendía que los cambios en el Ejecutivo sirvieran para limar diferencias con sus socios de Podemos, de momento está muy lejos de conseguirlo. Los desacuerdos públicos en asuntos como la ley de vivienda, la reforma fiscal o el reciente incremento de la luz evidencian que la brecha en el seno del Ejecutivo está lejos de corregirse. Una situación nada deseable cuando el país afronta, con la atenta mirada de Europa, el camino hacia una recuperación que deberá trabajar para consolidar. El clima tampoco ha mejorado en la relación con la oposición. El relevo en el Gobierno tuvo lugar en un ambiente preveraniego, con el Parlamento al borde del cierre, por lo que está por ver cómo se desenvolverá el Ejecutivo en el Congreso, donde la vicepresidenta, Carmen Calvo, y José Luis Ábalos, llevaron el peso de la representación. En el futuro, no cabe imaginar que la vicepresidenta económica asuma el peso del debate político, no tanto por una cuestión de competencias como por carga de trabajo: a Calviño le aguardan jornadas muy arduas, ya que 2022 será el año clave de la recuperación. Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia, asumirá la mayor parte de las funciones de Calvo, junto a Adriana Lastra, pero está por ver cómo la formación gubernamental afrontará los debates con los portavoces de la derecha en las zonas más intensas de la alta política. Y sobre todo está por ver si el Gobierno es capaz de atraer y no alejar aún más a un PP con el que está obligado a pactar, sin ir más lejos, la renovación del CGPJ.