El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, rechazó acudir a la Conferencia de Presidentes del viernes pasado para tratar de mantener su precario equilibrio entre la condescendencia con los más radicales del soberanismo y la buena voluntad del Gobierno español, pero pronto se ha percatado de que la relación bilateral no basta para llevar a cabo una negociación fecunda sobre la integración catalana en el Estado, nunca la ruptura con el Estado. Y prueba de ello es que ayer mismo Cataluña decidía participar con el resto de las comunidades autónomas en la Conferencia sectorial sobre el reparto de los fondos europeos, después de comprobar que el Gobierno español mantenía su inflexible negativa a tratar este asunto bilateralmente. También ayer se reunía la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, un adelanto en el calendario forzado por ERC para calmar a JxCat, y en la que la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha mantenido la posición prevista frente a la delegación catalana, cuyos representantes aprovecharon el viaje a Madrid para acordar la ampliación de El Prat, que supondrá una inversión de 1.700 millones. La reunión bilateral de ayer, criticada con dureza por la oposición, ha servido para poner sobre la mesa los contenciosos y desavenencias acumulados en tres años y el traspaso de hasta 56 competencias: desde la gestión del aeropuerto del Prat a la concesión de nuevas funciones al Servicio Catalán de Tráfico y a Protección Civil, hasta la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del nuevo Estatut que prevé inversiones en Cataluña que el TC decidió que no son de obligado cumplimiento, pasando por la gestión de todas las becas a estudiantes. Muchas quedaron políticamente resueltas. Las cuestiones políticas de calado para el independentismo, como el referéndum de autodeterminación y la amnistía, que ERC tiene que plantear para que JxCat no le acuse de traición, no pueden tener cabida en este foro. Los representantes de la Generalitat deben concienciarse cuanto antes de que la única vía posible es el diálogo dentro del cauce constitucional.