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Indicios de irregularidad

El fondo de la Generalitat para responder a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas y la utilización del Instituto Catalán de Finanzas deben ser clarificados

Avatar del Editorial DNEditorial DN24/07/2021
La negativa de las entidades bancarias a hacerse cargo de 5,4 millones de euros en fianzas, impuestas por el Tribunal de Cuentas a exresponsables de la administración catalana, ha conducido al gobierno de Pere Aragonés a endosar los avales al Instituto Catalán de Finanzas. El gobierno de coalición ERC-Junts tenía prevista esta decisión de antemano y respondía especialmente a los deseos del partido de Puigdemont. El hecho de que el órgano de dirección del ICF asumiera el papel asignado revela hasta qué punto el gobierno de la Generalitat es capaz de utilizar el erario público. De esta manera, el conocido como ‘ICO catalán’, se adentra en posibles irregularidades. Irregularidades que, lejos de atenuar la situación de las personas pendientes de responder ante el Tribunal de Cuentas con su propio patrimonio, podrían extender el problema a la conducta de los actuales responsables de la administración presidida por Aragonés. La decisión de Ciudadanos de denunciar ante la Fiscalía de Cataluña los pasos dados por el Ejecutivo y el instituto de finanzas autonómicos, por si fuesen constitutivos de delito, introdujo ayer un factor nuevo: al pronunciamiento esperado del Tribunal de Cuentas, coincidiendo con la finalización del tiempo otorgado para depositar las fianzas pendientes antes de las 24 horas del lunes 26, podría sumársele el parecer del Ministerio Público y, eventualmente, la apertura de un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Consejo de Garantías Estatutarias catalán tiene pendiente, además, dictaminar sobre la legalidad de la disposición de un fondo que trataría de cubrir responsabilidades derivadas del uso de caudales públicos por parte de funcionarios o cargos de la Generalitat. Asistiremos así a una concurrencia de pareceres jurídicos que es de desear clarifiquen la licitud o no de la partida de 10 millones y el uso que se le ha pretendido dar. Esto no solo permitirá establecer un criterio en Derecho sobre las decisiones adoptadas hasta la fecha desde las instituciones, sino que contribuirá a fijar los límites con que puede recurrirse al erario para atender a los efectos pecuniarios de responsabilidades personales contraídas en el ejercicio de la función pública. 
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